Los padres católicos se niegan a que sus
hijos
cursen la asignatura de Ciudadanía
Apelan
al derecho a la objeción de conciencia reconocido en la
futura ley educativa
La Razón, C. T.
Madrid. El título de una película, «Rebelión en las
aulas», describe la situación de confrontación existente
entre las asociaciones de padres católicos y la política
educativa del ministerio que dirige María Jesús San
Segundo; en lugar de la asignatura de Religión, el
Gobierno quiere sustituirla por la de Educación para la
Ciudadanía.
Pero los padres católicos ven en esa asignatura un
intento de manipulación ideológica bastante clara por
parte del partido socialista, y ya han anunciado que se
negarán a que sus hijos asistan a las clases.
Y acuden a un derecho que está reconocido por la ley,
la objeción de conciencia, para de esta forma afirmar
que sus hijos no reciban enseñanzas de esta polémica
asignatura sustitutoria. Lo dicho: una auténtica
rebelión en las aulas, que procede en esta ocasión de
las capas sociales conservadoras.
«Exigimos que nuestros hijos tengan la educación que
nosotros queremos», manifiesta a este diario Luis
Carbonel, presidente de la Concapa. La misma
organización añade en una nota que el «deber de objeción
de conciencia» es una estrategia legalmente válida para
evitar que los hijos puedan ser educados en valores
«contrarios» a sus creencias y convicciones.
Herramienta
de ideologización.
Con respecto a la Educación para la Ciudadanía, la
Concapa mantiene que se trata de un instrumento de
influencia y puro adoctrinamiento acorde con la sociedad
que desea Zapatero, a su imagen y complacencia. Esta
materia figura en el anteproyecto de Ley Orgánica de
Educación (LOE), y es, según esta organización, «la
nueva formación del espíritu nacional que el Gobierno
les quiere imponer».
Su temor es que el poder político se sirva de la
nueva asignatura para utilizarla como «herramienta de
ideologización».
«Parece que hemos pasado de la dictadura de Franco
con la Formación del Espíritu Nacional a la dictadura de
Zapatero que nos quiere imponer sus valores», asegura
Carbonel. «No queremos que nuestros hijos sean educados
en los valores de Zapatero».
Curiosamente, el derecho a no asistir a una
determinada asignatura está contemplado en el propio
borrador de la LOE. En concreto, viene especificado en
el punto 5 de la disposición final. «En los términos que
establezcan las administraciones educactivas, las
decisiones colectivas que adopten los alumnos con
respecto a la asistencia a clase no tendrán la
consideración de faltas de conducta ni serán objeto de
sanción cuando éstas hayan sido resultado del ejercicio
de derecho de reunión y sean comunicadas previamentte a
la dirección del centro».
En otras palabras, esta objeción de conciencia está
avalada por la propia LOE, la cual elimina de su
programa la asignatura de Religión. La Concapa
considera, pues, que la inasistencia a esa clase está
avalada por el «derecho a no asistir que la futura ley
propugna». Y esta inasistencia no tendría sanción alguna
en un sistema en el que «la falta de consecuencias
académicas -la promoción está garantizada- en un sistema
en el que prima la falta de compromiso y se castiga el
esfuerzo y el estudio de los alumnos»
«Nos parece muy grave que el presidente del Gobierno
no haya recibido a los tres millones de familias que se
lo están reclamando desde el comienzo de su Gobierno»,
denuncia Luis Carbonel. «El 80 por ciento de los padres
queremos que nuestros hijos tengan una educación
religiosa. Queremos que tengan la clase de Religión».
Obligatoria en dos cursos.
De acuerdo con el borrador de la LOE, Educación para la
Ciudadanía sería obligatoria en un curso de Primaria y
dos de Secundaria. San Segundo ha defendido su
implantación como «complementaria, no contrapuesta» a la
formación transversal en valores comunes de las
sociedades democráticas, y rechaza que vaya a suponer
«un intento de adoctrinamiento».
«Ni tú ni yo hemos tenido Educación para la
Ciudadanía y somos buenos ciudadanos», rebate Luis
Carbonel, en términos muy duros. «Esto demuestra que la
asignatura es una concesión a los amigos laicos de
Zapatero. Que vayan a esa clase los amigos laicos de
Zapatero».
Desde su punto de vista, los centros docentes son lo
suficientemente capaces como para cubrir el resto de
valores comunes a toda persona en una sociedad
democrática. No hay, por tanto, una necesidad expresa de
que los estudiantes tengan que recibir el
«aleccionamiento» de nadie.
«En el caso de que el anteproyecto se convierta en
proyecto y se confirme que la Educación de la Ciudadanía
es una asignatura obligatoria, nos negaremos a que
nuestros hijos asistan», dice. «Estamos siendo
despreciados continuamente. La ministra nos recibió 10
meses después de que se lo solicitásemos. Como si la
educación fuera posible sin los padres».
