|
Por Juan
Manuel DE PRADA
ABC, 22.11.2004
LAS tres o cuatro lectoras que
todavía me soportan recordarán la
ejecución sumarísima de Rocco
Buttiglione, a quien la prensa
hegemónica caracterizó como un
fundamentalista homófobo y
cavernícola. Una caracterización que
choca con el tenor de sus
declaraciones ante la Comisión
Europea que, convenientemente
manipuladas, provocarían su
posterior defenestración. Preguntado
por una eurodiputada sobre cómo
pensaba hacer compatibles la
reprobación moral que le merece la
homosexualidad y su deber de
combatir la discriminación de los
homosexuales, Buttiglione respondió,
sin privarse de zaherir la incultura
de su inquisidora: «Debo recordarle
a un viejo y quizás no completamente
desconocido filósofo, un tal
Emmanuel Kant de Königsberg, quien
hizo una clara distinción entre
moralidad y ley. Muchas cosas que
pueden ser consideradas inmorales no
tienen por qué ser prohibidas. En
política no renunciamos al derecho
de tener convicciones morales: yo
puedo pensar que la homosexualidad
es un pecado, pero esto no tiene
efectos en política, salvo que
dijera que la homosexualidad es un
delito. De la misma manera, usted es
libre de pensar que yo soy un
pecador en la mayoría de los
aspectos de mi vida, pero esto no
tendría ningún efecto en nuestras
relaciones como ciudadanos. Yo
contemplaría esto como una
inadecuada consideración del
problema de pretender que todo el
mundo esté de acuerdo en cuestiones
morales. Podemos construir una
comunidad de ciudadanos, incluso si
tenemos opiniones diferentes sobre
cuestiones morales. Nadie puede ser
discriminado en razón de su
orientación sexual. Esto está
establecido en la Constitución, y yo
he jurado defender esta
Constitución».
La argumentación de Buttiglione se
nos antoja transparente. El juicio
moral que una determinada conducta
nos merece es ajeno a su
consideración legal. Así, por
ejemplo, el adulterio puede
parecernos reprobable; pero no se
nos ocurriría pensar que un adúltero
haya de ser despojado de sus
derechos. También pueden parecernos
inmorales ciertos enriquecimientos
obtenidos al amparo de la economía
de mercado; mas no por ello
exigiríamos la derogación de la
libertad de empresa. Buttiglione
reclamaba su derecho a profesar
ciertas convicciones de índole moral
-seguramente discutibles, pero tan
respetables como cualesquiera
otras-, siempre que no interfieran
en su desempeño político; pero tal
derecho le ha sido denegado. La
Unión Europea ha considerado que el
ejercicio de una función pública es
incompatible con la libertad de
conciencia; o bien que ciertas
«conciencias» no deben hallarse
representadas en sus instituciones.
Naturalmente, si se niega el acceso
a las instituciones a determinadas
personas en razón de sus
convicciones morales, debemos
entender que también se niega el
derecho de las personas con esas
mismas convicciones morales a ser
representadas. La Unión Europea, en
fin, está empezando a consagrar una
perversión del Derecho, que a partir
de ahora sólo garantizará la
expresión de aquellas conciencias
que se adecuen al discurso
hegemónico, quedando excluidas las
demás. El legislador europeo
introduce así una excepción o
requisito previo en el
reconocimiento de los derechos, que
a partir de ahora sólo acogerán a
quienes previamente hayan renunciado
a sus convicciones morales. Este
nuevo fundamentalismo expulsa de la
ley a los ciudadanos que profesan
determinadas convicciones morales de
inspiración cristiana. Antes de que
dicha expulsión se consume sin
ambages, esos ciudadanos de segunda
que mañana quizá sean relegados a la
condición de proscritos tendrán una
tímida oportunidad de rebelarse en
el próximo referéndum de la
Constitución Europea. Espero que no
la desaprovechen. |
