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ABC, Sábado, 7 de mayo de 2005
LA Conferencia Episcopal hizo
público ayer un comunicado que
refleja de manera oficial la
oposición de la jerarquía católica a
la reforma legal que permitirá el
acceso de parejas homosexuales al
matrimonio. Los términos de la
declaración son claros y
contundentes, en la misma línea que
los expresados hace días por
miembros de la Curia vaticana. Son,
además, términos coherentes con la
doctrina de la Iglesia Católica
sobre el matrimonio, institución
reservada a la unión entre hombre y
mujer no sólo en el ámbito del
Derecho canónico, sino en la
práctica unanimidad de las
legislaciones civiles extranjeras.
No hay motivo, por tanto, para la
sorpresa ante los juicios que esta
reforma merece a los obispos, que la
consideran «dañina para el bien
común» y contradictoria «con la
recta razón y con la norma moral».
En este caso, la opinión de la
Iglesia es compartida por un amplio
sector de la opinión pública, que ve
en la iniciativa del Gobierno un
interés ideológico en reeducar por
vía legislativa a la sociedad
española para debilitar lo que, a
juicio de la izquierda, es una
estructura reaccionaria de valores
morales. Y es en este diagnóstico
donde falla el Gobierno, porque esta
reforma está provocando un
innecesario conflicto donde no debía
haberlo, pues la asignación de
determinados efectos jurídicos a las
parejas homosexuales puede hacerse
con otras formas, como el
reconocimiento de las uniones no
conyugales, que no suscitan tantos
reparos sociales y éticos.
La oposición del Episcopado va más
allá de la denuncia de esta reforma
y emplaza a los católicos,
especialmente a parlamentarios y
funcionarios, a oponerse a su
aprobación y a su aplicación, en
este caso mediante la apelación a la
objeción de conciencia. Este mandato
se proyecta en el plano de la
conciencia de los creyentes, pero
suscita una evidente disyuntiva en
aquellos que han asumido una función
pública y que pueden verse afectados
en la aplicación de la futura ley.
Su posición -la de alcaldes,
concejales y jueces- debe resolverse
en un justo equilibrio entre la
lealtad a la propia conciencia y el
ejercicio de las obligaciones
públicas que asumieron al acceder a
sus cargos. En este sentido, a los
reparos éticos que suscita la
reforma matrimonial se unen los
indicios más que racionales de
inconstitucionalidad, puestos de
relieve por el Consejo de Estado y
el CGPJ.
Sin infringir ninguna obligación
pública, estos funcionarios, bien a
través de la delegación de
funciones, bien -en el caso de los
jueces- a través del planteamiento
de una cuestión de
inconstitucionalidad ante el TC,
pueden cohonestar los intereses en
el conflicto planteado por la
Conferencia Episcopal, lo que no
sería un acto de insumisión
confesional, sino de ejercicio
simultáneo de la libertad de
conciencia y de los recursos
previstos por la Ley. En todo caso,
el problema no lo crea la opinión de
la Iglesia Católica, tradicional y
notoria, sino el empeño del Gobierno
en forzar un orden social que antes
de cualquier mandato religioso o ley
civil, concibió el matrimonio como
la unión jurídica entre hombre y
mujer. |
