Ignacio Sánchez Cámara
Catedrático de Filosofía del Derecho.
Universidad de La Coruña
ABC, 06 de septiembre de 2005
LAS leyes suelen reflejar, más que producir
por sí mismas, los bienes y los males
sociales. Acaso los problemas que padecemos
en el ámbito de la educación, como tantos
otros, procedan de causas poco visibles
porque no son superficiales. Educar es una
tarea que no tiene sentido si quien la
emprende, sociedad, padre o profesor, carece
de una idea última acerca de la persona. Nos
ponemos a caminar sin saber ni con quién ni
adónde vamos. Aquí reside la raíz del
problema. Luego, las leyes pueden paliar el
mal o agravarlo. El actual proyecto de Ley
Orgánica de la Educación parece más
orientado a lo segundo que a lo primero.
Descontemos las concesiones, más bien
sometimiento, a esa insoportable mezcla de
jerga pedagógica y pseudolenguaje
burocrático. Descontemos incluso esa
tendencia a sustituir la religión o el
patriotismo por la beatería constitucional,
o la grandeza humana por la igualdad de los
sexos. Olvidemos esa alcanfórica «Educación
para la Ciudadanía», especie de «Formación
del Espíritu Constitucional», emparejada a
la Filosofía y trufada de aromas
adoctrinadores. Dejemos de lado, incluso, la
polémica entre la escuela estatal y la
privada o la enseñanza de la Religión
católica. Omitamos la falta de acuerdo, y
casi de diálogo, entre los dos principales
partidos políticos, aunque se trate de la
más profunda y decisiva cuestión de Estado.
Y centrémonos en tres aspectos: la calidad,
la libertad de los padres y la vertebración
nacional. No estamos ante un debate político
o ideológico, sino ante la supervivencia de
la educación en su noble sentido originario.
La calidad nace del rigor y de la exigencia,
de la búsqueda de la excelencia. Antes que
formar ciudadanos devotos de la
Constitución, la escuela debe forjar en los
alumnos hábitos de estudio, amor por la
lectura silenciosa de los libros sabios, por
las ciencias y las artes. Y, acaso,
enseñarles a aborrecer el ruido y la mala
música (al fin y al cabo, la misma cosa). Ni
la ciencia ni las humanidades vacunan contra
la barbarie, pero mucho menos lo hacen la
incultura y la zafiedad. Hasta el final de
la Secundaria Obligatoria (16 años), la
promoción automática es un freno a la
calidad. Luego, en el Bachillerato, ya es
tarde para recuperar el tiempo perdido.
Además, se facilita la promoción y se
eliminan las nonatas Reválidas. La «barrera»
final: una prueba única de Selectividad, que
seguirán aprobando alrededor del 95 por
ciento de los alumnos. ¿Qué fracaso escolar,
entonces? El ideal igualitario sería que
todos los alumnos recibieran la misma nota.
Otra cosa entrañaría discriminación, agravio
y autoestimas lesionadas. El elitismo se
convierte en el supremo estigma y en el
mayor pecado antidemocrático. Si todos somos
iguales, ¿cómo será posible que unos sean
mejores que otros en algún aspecto?
Suprimidos el alma y su cuidado («cultura
animi»), sólo queda la salud de cuerpo y
mente. La pedagogía deviene rama de la
Medicina preventiva, obsesionada en
preservar la autoestima de los alumnos
peores. Aunque los profesores, dedicados a
mantener el orden y a la autodefensa
personal, tengan que acudir a la consulta
del psiquiatra o al diván del psicoanalista.
Todo parece orientado a remover exigencias
(ese abyecto residuo del fascismo), allanar
caminos y tejer mediocridades. Quien piense
que todo esto es retórica, que piense de
nuevo o que compruebe la demolición de las
Humanidades, sobre todo la Cultura clásica
y, especialmente, la Filosofía, condenada a
la extraña y «jibarizadora» compañía de la
«Educación para la Ciudadanía». La higiene
espiritual, como la higiene física, no puede
ser objeto de una asignatura impartida
¡entre los 16 y los 18 años!
La nueva ley favorece más el control
educativo por parte del Estado que la
libertad de los padres. La cuestión es si
los padres pueden, en igualdad de
condiciones, incluidas, por supuesto, las
económicas, elegir la educación que quieran
para sus hijos (dentro del respeto a los
principios fundamentales que establece la
Constitución). Lo demás son polémicas ya
superadas, propias del siglo XIX. Entre el
Estado confesional y el Estado laicista
media todo un mundo en el que habitan la
libertad religiosa y el Estado aconfesional.
En tercer lugar, la descentralización de la
administración educativa y la dejación de
competencias por el Estado a las autonomías
dificultarán o harán imposible la
vertebración nacional del sistema educativo.
Es decir, la nueva legislación no parece
destinada a garantizar una formación mínima
común a todos los españoles, con
independencia de su región de origen. Entre
la polvareda del conocimiento del entorno y
la primacía de la región, nacionalidad o
nacioncita, perderemos a España (que, para
algunos, es precisamente de lo que se trata:
de la aldea a Europa, pasando por la
autonomía). Y así se da la paradoja de que
las administraciones públicas controlan la
educación en lugar de limitarse a garantizar
su disfrute, a la vez que renuncian a lo que
sí constituye uno de sus deberes
principales: garantizar unas enseñanzas
mínimas comunes compartidas por todos los
españoles. Y, hablando de Europa, no es
fácil contribuir a su integración política,
ignorando, a la vez, sus raíces y su
esencia. Oyendo a algunos, se diría que
Europa nació en la Bastilla.
La dignidad del hombre está en la sabiduría,
en la búsqueda de la verdad, en el disfrute
de la belleza, en el conocimiento y la
práctica de la bondad. No es posible la
educación si se niegan o derriban las
cumbres, a manos del relativismo moral, el
multiculturalismo, el feminismo y la
deconstrucción. Swift afirmó que la
educación es la experiencia de la grandeza.
Si se niega la grandeza o se finge que no
existe, ¿qué quedará para la escuela? En el
mejor de los casos, la experiencia de la
mediocridad. En el peor, el camino hacia la
barbarie.
