El
pecado original
de
la educación
para la
ciudadanía
Jorge Otaduy
19 de
marzo de 2007
ABC (Madrid)
La democracia
requiere un
cierto grado de
consenso en
torno a los
valores básicos
–libertad,
pluralismo,
derechos
humanos, imperio
de la ley…– que
garantice la
subsistencia del
modelo. ¿A quién
puede extrañar
que el sistema
educativo
contribuya a
sostener tan
noble causa?
Convendría
insistir aún más
en la
conveniencia de
que la educación
para la
ciudadanía
democrática
fuera objeto de
cualquier
actividad
educativa,
formal y no
formal,
desarrollada por
todos los
agentes
sociales, no
sólo en el
sector público.
Los decretos de
enseñanzas
mínimas han
establecido ya
los contenidos
de la nueva
asignatura. Se
dice, y con
razón, que se
han rebajado las
referencias más
chirriantes a
cuestiones con
implicaciones
morales
inmediatas, como
los tipos de
familia, la
dimensión humana
de la
sexualidad, la
valoración
crítica de la
división social
y sexual del
trabajo y de los
prejuicios
sexistas.
La supuesta
flexibilidad
ministerial, con
todo, no ha
conseguido poner
punto final al
debate; los
contenidos
siguen siendo
más que
discutibles,
porque adolecen
de una carga
ética, apenas
disimulada,
relativa a
conductas
personales no
implicadas
directamente en
la construcción
de una sociedad
democrática. Se
percibe, en
concreto, una
particular
fijación en lo
referente a la
educación
afectivo–emocional,
que impregna
gran parte de
los contenidos
de la
disciplina. No
existe ningún
recato,
asimismo, a la
hora de abordar
los
fundamentos
ético–morales
de las
instituciones
–como el sistema
democrático, las
Organizaciones
internacionales–
o de las
materias objeto
de estudio –como
los derechos
humanos–, aun
cuando la
referencia a
tales
presupuestos
obliga
inevitablemente
a la expresión
de particulares
concepciones
ideológicas. Con
ocasión del
estudio de los
problemas
sociales se
propone el
recurso al
método de
análisis de los
dilemas
morales
generados en el
mundo actual.
Si fuera una
materia de libre
elección
resultaría
digerible, pero
una asignatura
obligatoria con
tan
insoslayables
contenidos
morales será en
la práctica
difícilmente
compatible con
el respeto de
las convicciones
de padres y
alumnos.
Me parece
injusto tachar
de pusilánimes,
alarmistas o de
paradójicos
colectivos anti–sistema
a quienes alzan
su voz
manifestando la
considerable
incomodidad que
les produce la
perspectiva de
la nueva
asignatura.
¿Sobre qué
fundamentos se
harán descansar
los valores
constitucionales
objeto de
ilustración?
¿Cuál será el
enfoque con el
que los grandes
dilemas
éticos
serán
afrontados? ¿Qué
tipo de
educación
afectivo–emocional
inspirará la
tarea formativa?
¿Qué idea de
libertad subyace
en los
programas? No es
fácil quitarse
de la cabeza que
el Gobierno que
ha pergeñado la
disciplina es el
impulsor de una
legislación
social –aprobada
por mayorías
parlamentarias a
veces exiguas–
que ha arrollado
sin grandes
miramientos
convicciones y
sensibilidades
de millones de
ciudadanos, en
materias como el
matrimonio o la
protección de la
vida humana. La
particular
interpretación
–indudablemente
ético–moral– de
los principios
de la
Constitución que
han dado curso
legal a tales
reformas no
pueden
monopolizar el
panorama social
ni presentarse
autoritativamente
a través del
sistema
educativo
oficial, como es
inevitable que
suceda en el
marco de la
educación
ciudadana que se
propone.
El Gobierno
pretende jugar
la carta
europea. El
Consejo de
Europa aprobó en
2002 una
Recomendación
según la cual la
educación para
la ciudadanía
democrática debe
ocupar un lugar
prioritario en
la reforma y
ejecución de las
políticas
educativas. La
lectura del
documento
europeo permite
calibrar la
notable
diferencia de
fondo y de forma
respecto de los
textos
españoles. Lo
que preocupa al
Consejo de
Europa es la
apatía política
y civil y la
falta de
confianza en las
instituciones
democráticas, la
corrupción, el
racismo, la
xenofobia, el
nacionalismo
violento, la
intolerancia
ante las
minorías, la
discriminación y
la exclusión
social,
elementos que
representan
todos ellos una
importante
amenaza a la
seguridad,
estabilidad y
crecimiento de
las sociedades
democráticas.
Las referencias
a fundamentos
ético–morales
brillan por su
ausencia y el
mundo
afectivo–emocional
no aparece
mencionado entre
los objetivos de
la educación
para la
ciudadanía
democrática. Por
otra parte, no
parece que la
responsabilidad
de transmisión
de las
mencionadas
competencias a
los ciudadanos
haya de reposar,
poco menos que
en exclusiva,
sobre el sistema
educativo. La
educación para
la ciudadanía
democrática es
tarea de toda la
sociedad y en
especial,
precisa el
Consejo de
Europa, de la
familia. La
búsqueda del
pasaje paralelo
en los textos
españoles
resulta
infructuosa.
El maquillaje de
última hora ha
disimulado los
defectos más
vistosos, pero
no ha
transformado la
naturaleza de la
disciplina. La
actual educación
para la
ciudadanía no
puede ocultar
que es hija de
un poder
adornado con
ribetes de
laicismo, que
tiende a una
interpretación
exclusivista y
autoritaria del
“mínimo común
ético
constitucionalmente
consagrado”, en
lugar de
reconocer los
derechos de
libertad
ideológica y
religiosa de las
personas y
favorecer su
libre ejercicio.
No es inocente
que la propia
LOE advierta que
los contenidos
de la asignatura
no pueden
considerarse
sustitutorios de
la enseñanza
religiosa. El
legislador
respira por la
herida; parece
comprender que
una lectura sin
prejuicios puede
razonablemente
conducir a la
conclusión de
que el sentido
de la educación
para la
ciudadanía es
contribuir a
establecer, con
patrocinio
estatal, un
código ético
alternativo o a
crear una nueva
conciencia
social, mejor
acomodada a la
realidad
legal).
La educación
para la
ciudadanía es
una hermosa
criatura, pero,
en España, ha
venido al mundo
con pecado
original.
