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L.
Bernaldo de Quirós
La Gaceta de los Negocios
27
de julio de 2005
A
través de la legislación y de la financiación, el modelo
educativo español está controlado de facto por el Estado
y la escuela libre; la realmente privada apenas supone
el 8% de la oferta. Desde la restauración de la
democracia, los sucesivos gobiernos, con independencia
de su color político, han utilizado el sistema educativo
para intentar imponer a los ciudadanos su ideario. De la
escuela pública y laica de la izquierda a la pública
pero religiosa de la derecha, ninguna fuerza
parlamentaria ha cuestionado la monopolización de la
enseñanza por el Estado. Por desgracia, la reforma del
Ejecutivo socialista agudiza esa deriva estatista y
uniformizadora cuando España necesita una verdadera
revolución educativa basada en la competencia y en la
libertad de elección.
¿Quiere esto decir que se intenta volver a lo que
existía antes de la financiación pública de la
enseñanza? La respuesta es negativa pero implica una
redefinición del enfoque estatal del problema educativo.
El papel del Estado debería consistir en subvencionar no
a los centros docentes, sino a la educación. El Gobierno
concedería a cada niño un bono cuyo valor sería igual al
gasto medio escolar por alumno escolarizado. Cada
escuela, tanto si es privada como si es pública, tendría
autonomía financiera y debería cubrir el conjunto de sus
gastos vendiendo sus servicios en el mercado. Las
familias sufragarían el importe de la escolarización de
sus hijos con bonos o cheques que les serían
distribuidos por los poderes públicos, y que siempre
tendrían la posibilidad de completar, si así fuera su
deseo, mediante una contribución adicional. Esos bonos
escolares serían negociables en cualquier colegio. Su
impacto sobre el gasto público sería irrelevante, debido
al peso marginal de las escuelas no subvencionadas en
España.
El sistema escolar se parecería
así a un mercado competitivo en el que los empresarios
individuales se enfrentarían para ofrecer el mejor
servicio posible al mejor coste. Dichos empresarios
tendrían incentivos para contratar los mejores
profesores, para incluir en su programa los contenidos
específicos que reclamasen sus clientes y para
introducir las innovaciones pedagógicas más eficaces.
Asimismo, cada familia tendría opción de enviar
eventualmente a sus hijos a los colegios que deseasen,
de acuerdo con sus particulares preferencias. Quien
prefiriese limitarse al nivel mínimo de educación
exigido por el poder público sería libre de hacerlo; de
la misma manera que el que prefiera apretarse más el
cinturón para dar una enseñanza de mejor calidad a sus
hijos sería libre de comprar ese “más” en el mercado.
Esta opción sería de verdad progresista, ya que
fomentaría la aparición de nuevos centros docentes
privados y rompería un esquema regresivo que limita la
elección de colegio a las rentas altas
La privatización del sistema
escolar no significa que el Estado abandone sus
prerrogativas en materia educativa. La financiación de
la educación y el control de sus contenidos o del nivel
de enseñanza son dos temas distintos que pueden y deben
ser tratados de manera diferente. Las autoridades
públicas siempre definirían una serie de normas mínimas
imperativas. Ahora bien, no podrían impedir que los
centros docentes enseñasen también algunas otras cosas
ni imponer autoritariamente cómo habría de impartirse la
educación. Un sistema de esta naturaleza aumenta las
oportunidades de todos los individuos. Ahora bien, ello
sólo es posible mediante la emergencia de un proceso
competitivo imprescindible para garantizar la diversidad
y la calidad. Sólo se verán perjudicados aquellos para
los que el ideal de igualdad se confunde con la
imposición autoritaria de una uniformidad en la
mediocridad.
Una reforma apoyada en la
generalización del bono escolar garantizaría la libertad
religiosa y eliminaría uno de los aspectos más
conflictivos de las relaciones Iglesia-Estado. Tienen
razón quienes consideran falaz la supuesta asepsia de la
enseñanza pública. En ella también se enseña “religión”;
no una religión formal y teísta, pero sí una serie de
valores y de creencias, los de los enseñantes, que
muchas veces son contrarios a los que las familias
desean para sus hijos. Las actuales disposiciones
recortan la libertad religiosa de los padres, que se ven
obligados a pagar con sus impuestos para que adoctrinen
a sus hijos o a pagar todavía más si desean que ese
adoctrinamiento no se produzca. Para impartir su
mensaje, educar a los creyentes y ser libre en un Estado
libre, la Iglesia debería apostar por la vía del cheque
escolar en lugar de hacerlo por las subvenciones
públicas directas a sus colegios.
El bono o cheque escolar no es
idea de liberales radicales, sino una realidad en países
desarrollados y en vías de desarrollo. Funciona en la
socialdemócrata Suecia desde los 90; en Bélgica desde
hace más de medio siglo; en estados de EEUU o en Chile,
por citar algunos. La combinación de financiación
estatal-libertad de elección sería una bandera muy
atractiva en España, cuyo sistema educativo arrastra un
imparable declive que no se va a resolver con más dinero
público.
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