Por Alejandro
Llano *
La Gaceta de
los Negocios
El Estado
no posee el monopolio de la
benevolencia, ni está vacunado
contra el error
ENTRE los
rasgos sorprendentes que nos ofrece
un sector de la opinión política
española se encuentra lo anticuado
de su marco conceptual y las raras
unanimidades que se registran entre
determinados comentaristas de la
actualidad. Una muestra de ambas
características es la reiteración de
una dialéctica entre lo público y lo
privado que no cuadra en absoluto
con la complejidad y dinamismo de la
sociedad actual.
En un
periódico nacional muy receptivo
para las unanimidades, ha escrito
recientemente Aurelio Arteta que la
Educación para la Ciudadanía es un
“saber de lo tocante a todos que no
puede transmitirlo la familia, que
es una comunidad parcial y volcada
en el interés egoísta de sus
miembros”. Habrá de transmitirlo
entonces a una institución total que
no podría ser otra que el Estado.
Poco falta para que el Estado mismo
se defina como “un instrumento
totalitario al servicio del pueblo”,
según se hacía en los veinticuatro
puntos de Falange Española que nos
obligaban a estudiar en la
asignatura Formación del Espíritu
Nacional durante la dictadura
franquista.
Ahora bien, la
separación entre una presunta
moralidad privada, curvada sobre sí
misma, y una ética pública, empapada
de solidaridad, resulta hoy
imposible de sostener. No sólo
porque la corrupción política es un
fenómeno demasiado extendido por
todo el mundo como para ignorarlo,
sino porque no cabe actualmente
escindir a la persona respecto del
ciudadano. A la propia condición
humana de la persona le corresponde
—como propiedad inseparable— la
ciudadanía. Y el ciudadano, a su
vez, sigue siendo en todo momento
una persona privada, dotada de
derechos humanos y cívicos, entre
los que se encuentra la libertad de
opinar y de transmitir
conocimientos.
Son pocos hoy
día, y no muy avisados, los que
todavía aceptan el lema de
Mandeville según el cual los vicios
privados acaban produciendo virtudes
públicas. Sin ir más lejos, en este
país y hace bien poco, pudimos
comprobar que el deterioro ético
personal condujo a abusos públicos
de los que aún estamos siendo
víctimas. En la conciencia pública
permanece la convicción de que no es
políticamente fiable el que es
incapaz de llevar una vida personal
moralmente digna.
Como saben
bien todos los demócratas —no sólo
los anglosajones— resulta imprudente
elegir como gobernante a quien no
compraríamos un caballo o un coche
usado. El que es un dogmático en su
vida intelectual, y recaba
orgullosamente para sí el tener toda
la razón, suele ser un fanático o un
sectario en la actuación pública,
donde no admite que otros individuos
o grupos puedan haber llegado a
soluciones mejor pensadas que las
suyas.
Resulta
curioso que el relanzamiento
mediático en España de la
francmasonería —que ahora sería
presuntamente compatible con el
cristianismo— vaya acompañado por
una furibunda descalificación de las
supuestas posturas sobre ética
pública de los obispos católicos.
Recurso retórico a los obispos que,
por cierto, es un pobre y
reiterativo argumento al que
—guiados por su afán mimético—
acuden en bloque ciertos
comentaristas cuando carecen de
mejores razones para oponerse a una
evidencia que les resulta incómoda.
No advierten que el funcionamiento
de la Iglesia Católica está lejos de
incluir algo semejante a la
disciplina de opinión que imponen
los partidos políticos. Por lo demás
no se puede negar a ninguna
confesión religiosa el derecho a
expresar democráticamente sus
opiniones y juicios de valor.
Descalificar por sistema no es un
procedimiento admisible en una
sociedad abierta, y acaba
volviéndose contra los que lo
practican.
La
articulación flexible entre lo
público y lo privado, el diálogo
libre de dominio entre los
ciudadanos y la Administración, es
requisito de buen gobierno y de
respeto a las libertades
democráticas. Porque el Estado no
posee el monopolio de la
benevolencia, no está inefablemente
exento de hipotecas y
condicionamientos, ni está vacunado
contra el error. Ha de someterse a
la discusión pública, en la que todo
ciudadano —individualmente o en
grupo, creyente o agnóstico, liberal
o conservador— tiene una palabra que
decir.
La envergadura
humana de la libertad excluye que
ésta quede encerrada en un cerco
privado. Y nadie debe sentirse
autorizado que para dictaminar
coactivamente qué cuestiones
pertenecen a la esfera pública y qué
otros asuntos son de exclusiva
incumbencia personal. Tal
clasificación —excepto en muy pocos
casos, que han de ser estipulados
por ley— queda también sujeta al
libre debate entre los ciudadanos.
Por lo demás, la ética tiene un
carácter unitario. Sólo hay una
moral. La actual fragmentación de la
ética en general y aplicada, pública
y privada, personal y profesional,
está claramente al servicio de
opciones de poder, según muestra
claramente el sometimiento a grupos
de interés que acontece con
frecuencia en la bioética y en la
moral empresarial.
*Alejandro LLano
Catedrático de Filosofía |
