| Por Francisco Varo (*)
Si se cuentan juntos católicos, anglicanos, reformados, evangélicos y ortodoxos, los cristianos constituyen más del noventa por ciento de la población europea. Para que en la Europa del futuro también sea cierto que "nuestra constitución se llama Democracia", ella misma debe ser un modelo de apertura a la verdad histórica y a los nobles logros de su pasado. No parece lógico que el comienzo de su andadura esté lastrado por un reducido grupo de ideólogos, aún cargados con el fardo de un laicismo decimonónico, que pesen sobre los Gobiernos más que las decenas de millones de ciudadanos europeos que son cristianos y, cada uno desde sus opciones políticas, muy diversas entre sí, construyen Europa con su trabajo y esfuerzo diarios.
Constitución europea y raíces cristianas
"Nuestra constitución... se llama democracia porque el poder no está en manos de unos pocos sino de la mayoría". Con estas palabras del historiador griego Tucídides se abre el preámbulo de la Constitución Europea según el "Proyecto de Tratado" redactado por la Convención Europea, que está siendo analizado en estos momentos por los gobiernos de los Estados que forman parte de la Unión. Se espera que ese proyecto esté listo para ser aprobado durante una conferencia intergubernamental prevista para el próximo mes de octubre en Roma.
Este documento está llamado a ser un punto de referencia determinante en la configuración de las instituciones europeas, así como en la promoción y salvaguarda de las libertades, la justicia y la solidaridad para todas las personas y naciones en nuestro continente.
La racionalidad y la aversión a la tiranía, tan arraigadas en la Grecia clásica, forman parte del legado histórico que los europeos hemos recibido de nuestros antepasados. La historia está llena de luces y sombras, pero en la herencia que nos ha dejado hay logros para el bienestar y la tranquilidad de todo ser humano de los que no es justo ni razonable prescindir. Uno de esos logros es el respeto a la libertad de toda mujer y todo hombre para forjar sus propias convicciones, vivir de acuerdo con ellas, y proponer abierta y confiadamente lo que piensa que es bueno también para los demás. Siempre, como es lógico, que ese tenor de vida y el modo de exponer las propias ideas sea pacífico y respetuoso para con todos, también con quienes no las comparten.
Identificar religión con fundamentalismo es injusto y falso
Uno de los temas debatidos está siendo la conveniencia o no de mencionar de modo explícito las raíces cristianas de Europa. Algunos argumentan que la religión genera fundamentalismos que son corrosivos para una sociedad plural, en la que se respeten las libertades de todos. Pero identificar religión con fundamentalismo es injusto y falso. Por encima de los errores humanos, que en veinte siglos ha habido de todo, la aportación cultural y humanitaria del cristianismo para la construcción de Europa es innegable.
Para afirmar que el progreso en el reconocimiento de la dignidad de toda persona, la libertad, la justicia o la solidaridad han tenido sus raíces en el mensaje cristiano no se requiere ningún acto de fe. Ni para percibir que la búsqueda de la verdad, tan propia del cristianismo, ha sido motor de arranque para la investigación científica y el desarrollo técnico. Ni para advertir que la aportación cristiana a la transmisión de la cultura y a la difusión de la educación general para todos, ha sido factor determinante para el progreso de Europa. Se trata de hechos sociales e históricos comprobables, y dejar constancia de ellos no es testimonio de confesionalidad alguna. Simplemente de objetividad. Manifestarlos públicamente no supone arrogarse privilegios indebidos. No hay ninguna razón para pensar que tal mención llevaría a reforzar el peso político de las iglesias cristianas, o conduciría a la impregnación clerical de los poderes públicos. Las censuras y exclusiones arbitrarias no deberían caber en una sociedad que busca afrontar serenamente su futuro, tras haber superado siglos de tensiones. Al contrario, es momento de abrirse y acoger cuanto de bueno puedan aportar los demás, aunque no se compartan plenamente la totalidad de sus ideas.
Apertura a la verdad histórica sin el fardo de un laicismo decimonónico
Si se cuentan juntos católicos, anglicanos, reformados, evangélicos y ortodoxos, los cristianos constituyen más del noventa por ciento de la población europea. Para que en la Europa del futuro también sea cierto que "nuestra constitución se llama Democracia", ella misma debe ser un modelo de apertura a la verdad histórica y a los nobles logros de su pasado. No parece lógico que el comienzo de su andadura esté lastrado por un reducido grupo de ideólogos, aún cargados con el fardo de un laicismo decimonónico, que pesen sobre los Gobiernos más que las decenas de millones de ciudadanos europeos que son cristianos y, cada uno desde sus opciones políticas, muy diversas entre sí, construyen Europa con su trabajo y esfuerzo diarios.
Con los últimos retoques a ese proyecto se podría alcanzar un amplio consenso sobre un texto que permitiría avanzar en el buen ordenamiento de la sociedad. La historia muestra que sólo es posible construir entornos sociales habitables para todas y cada una de las personas sobre una base de auténticos valores éticos y civiles, que sean lo más compartidos posible. Las imposiciones o las censuras forzadas difícilmente son asumidas por los ciudadanos ni configuran modos de vida amables. La terrible experiencia de las dictaduras antiguas y recientes es más que elocuente.
Cuando Juan Pablo II pide una y otra vez que ese texto, cuya redacción se encuentra en estos momentos en la recta final, reconozca explícitamente las "raíces cristianas", lo hace porque esa mención constituye una garantía de futuro para que la persona humana y sus derechos inviolables e inalienables sigan ocupando el lugar primordial que les corresponde. Sólo así será posible avanzar por la senda de la civilización y la prosperidad compartidas, sin olvidar a los más débiles y desfavorecidos.
(*) Francisco Varo es Decano de la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra
13 de septiembre de 2003
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