La Gaceta de los Negocios
Ignacio Sánchez Cámara
25/07/07
Es evidente que las leyes democráticas y las
creencias religiosas pueden llegar a oponerse
Ninguna fe puede oponerse a la soberanía
popular, que reside en el Parlamento, ni a las
leyes que de la misma dimanan”. Esto es lo que,
según las crónicas, ha afirmado el presidente
del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ante
las Juventudes Socialistas. Lo que literalmente
dice la frase resulta absolutamente falso,
puesto que es evidente que las leyes
democráticas y las creencias religiosas pueden
de hecho oponerse. Lo que quizá quiere decir el
presidente Rodríguez Zapatero es que las
creencias religiosas no deben prevalecer
legítimamente sobre las decisiones del
Parlamento. Suponemos que incluso cuando esas
leyes o decisiones sean aprobadas por una
mayoría parlamentaria absoluta como la que tuvo
el Partido Popular y de la que, por cierto,
carece en estos momentos el PSOE. Entonces, cabe
pensar que tampoco ninguna fe progresista o
pacifista debería prevalecer sobre la decisión
del Gobierno legítimo apoyada por el Parlamento.
Pongamos, Irak.
Al margen de estas consideraciones que pueden
afectar a la coherencia, la afirmación del
presidente del Gobierno es completamente
errónea. Cualquier hombre religioso, al menos si
es cristiano, sabe que hay que obedecer a Dios
antes que a los hombres, por muchos y de
izquierdas que éstos puedan llegar a ser.
Cualquier hombre culto (aunque acaso este
argumento no sea muy fuerte, ya que parece que
cada vez quedan menos), sabe algo de los
conflictos internos de Antígona o de las
enseñanzas de Sócrates sobre la conciencia
moral, o de la idea agustiniana de que en el
hombre interior (y no en el Parlamento) habita
la verdad. Incluso todavía algunos hombres quizá
sepan que, como enseñó Max Scheler, los valores
religiosos ocupan el lugar más alto en la
jerarquía estimativa, por encima, por lo tanto,
de los valores de justicia. Y hay que recordar
que no toda ley emanada de la soberanía popular
es necesariamente justa. Naturalmente,
constituye, en principio, un deber moral cumplir
las leyes, más aún cuando se trata de un régimen
político legítimo. Pero el deber moral de
cumplir las leyes no es absoluto ni
incondicionado. Otra cosa sería asumir el
totalitarismo.
La Iglesia, y por cierto no sólo ella, cuando se
opone a la obligatoriedad de la nueva asignatura
de educación para la ciudadanía no pretende
imponer su fe al conjunto de la sociedad sino
solamente reivindicar el derecho que la
Constitución reconoce a los padres para elegir
la educación religiosa y moral que han de
recibir sus hijos. El Gobierno pretende que con
la nueva asignatura sólo se trata de extender la
Constitución y sus valores (por cierto, que
debería contribuir a extenderlos en la práctica,
por ejemplo, en Cataluña así como en el País
Vasco), pero parece claro que se trata más bien
de imponer su propia concepción de ellos. Por lo
demás, tampoco entraña la Constitución en sí
misma, un valor moral, ni, por lo tanto, el más
alto. Es sólo una norma jurídica, la superior.
Tampoco es la Constitución algo intangible, sino
criticable y reformable. A lo que ella obliga es
a su cumplimiento, pero no a su conversión en
una especie de moral totalitaria y laica.
El poder político legítimo no lo puede todo. La
autoridad del Parlamento es política y jurídica,
pero no moral. La objeción de conciencia, antes
que un derecho, es un deber. Ninguna ley está
por encima de la conciencia moral.
Si un hombre entiende que el cumplimiento de una
ley entraña el incumplimiento de un deber moral
grave, tiene la obligación de incumplirla,
aunque las leyes no le reconozcan el derecho a
la objeción de conciencia. Bien está que los
gobiernos democráticos ejerzan la fuerza
inherente al poder político, pero carecen del
monopolio de la verdad moral.
