FE Y PATRIOTISMO
Por Charles J. Chaput
Arzobispo de Denver
Este artículo de
Charles J. Chaput, arzobispo de Denver,
fue publicado
el 22 Octubre 2004, con ocasión de las
circunstancias de aquel momento –no
lejano- en su país, pero el contenido de
fondo vale para ahora y para todos los
lugares, sin necesidad de aclaraciones
–resultarían superfluas- para el lector
medianamente inteligente.
El teólogo Karl Barth dijo una vez: "El
juntar las manos en oración es el comienzo
de un levantarse contra el desorden del
mundo." Este dicho viene a mi memoria según
se acercan las elecciones y oigo más
conferencias sobre cómo los católicos no
deben "imponer sus creencias a la sociedad"
o advertencias sobre la, necesidad de "la
separación de la iglesia y el estado." Éstos
son dos de los eslóganes más vacíos en la
actual política americana, que trata de
oponerse a un debate serio. Nadie entre los
políticos principales de América quiere una
teocracia. Por eso, deberíamos reconocer
estos eslóganes por lo que son:
frecuentemente deshonestos y al final
profundas peligrosas picaduras.
El hacer leyes implica inevitablemente que
algunos grupos impongan sus creencias al
resto de nosotros. Ello es de la naturaleza
del proceso democrático. Si decimos que
"debemos" hacer algo, estamos haciendo un
juicio moral. Cuando nuestros legisladores
convierten ese juicio en ley, el debe de
alguien se convierte en un "tiene que" para
toda la sociedad. No es peligroso
inherentemente; es como funciona el
pluralismo.
La democracia depende de gente de
convicciones que expresan sus puntos de
vista, con confianza y sin embarazo. Este
toma‑y‑daca es una tradición americana, y
los creyentes religiosos juegan un papel
vital en ello. No servimos a nuestro país
‑de hecho lo debilitamos intelectualmente‑
si hacemos dejación de nuestros principios o
no nos atrevemos a hablar con convicción por
un erróneo sentido de buena educación.
La gente, que apoya leyes permisivas
abortivas, no tiene escrúpulos en imponer
sus puntos de vista a la sociedad. A menudo
trabajando contra la opinión popular, han
tratado de bloquear cualquier intento para
cambiar las leyes abortivas permisivas desde
la decisión Roe v. Wade de la Corte Suprema
en 1973. Es justo. Están en su derecho. Pero
¿por qué deberían ser diferentes las reglas
de compromiso para los ciudadanos que se
oponen a esas leyes?
Los católicos tienen una obligación de
trabajar por el bien común y por la dignidad
de cada persona. Nosotros vemos el aborto
como una cuestión de derechos civiles y de
dignidad humana, no simplemente como una
cuestión de enseñanza religiosa. Somos
doblemente infieles ‑a ambas, tanto a
nuestras convicciones religiosas como a
nuestras responsabilidades democráticas‑ si
fracasamos en apoyar al derecho a la vida
del nonato. En absoluto terminan ahí
nuestros deberes de justicia social. Pero
ahí siempre empiezan, porque el derecho a la
vida es fundamental.
Para los católicos, el hecho de dejar a la
"libre elección" de cada uno el abortar
contradice nuestra identidad y nos hace
cómplices en cómo la decisión se genera. La
"elección" en el aborto implica siempre la
elección de terminar la vida de un ser
humano nonato. Para cualquiera que vea este
hecho claramente, el silencio o la
desaprobación privada no son opciones. Son
males casi tan graves como el aborto mismo.
Si los creyentes religiosos no adelantan sus
convicciones sobre moralidad pública en
debates públicos, no están demostrando
tolerancia sino cobardía.
El ordenamiento civil tiene su propia esfera
de responsabilidad, y su propia autonomía,
diferente de la iglesia y otras comunidades
religiosas. Pero las autoridades civiles
nunca están exentas del compromiso moral y
de la crítica, bien de la iglesia o de sus
miembros. Los mismos Fundadores se dieron
cuenta de esto.
Los Fundadores buscaron evitar el
establecimiento de una iglesia oficial del
estado. Teniendo en cuenta los orígenes
anticatólicos de la historia de América, los
católicos apoyan fuertemente el enfoque de
la Constitución en cuanto a la libertad
religiosa. Pero la Constitución no, ni nunca
pretendió hacerlo, prohíbe a la gente o a
las comunidades de fe de jugar un papel
activo en la vida pública. El excluir la
religión del debate público separa al
gobierno de la moralidad y a los ciudadanos
de sus conciencias. Ese camino lleva a
políticos sin carácter, una epidemia
nacional hoy día.
Las palabras son baratas. Lo que cuenta es
la acción. Si creemos en la santidad de la
vida desde la concepción hasta la muerte
natural, necesitarnos probar eso con
nuestras acciones, incluyendo nuestras
opciones políticas. Otra cosa menor lleva a
la corrupción de nuestra integridad. El
patriotismo, que es una virtud para gente de
toda fe, requiere que luchemos, de forma
ética y no violenta, por lo que creemos.
Proclamar que "nosotros no queremos imponer
nuestras creencias a la sociedad" no es
meramente políticamente correcto; es
moralmente incoherente e irresponsable..
Según se nos recuerda en Santiago 2:17,
en un pasaje citado en el final del debate
presidencial, "Fe sin obras es una fe
muerta". Es un punto válido. La gente
debiera actuar de acuerdo con lo que
proclama creer. De otra forma, está violando
su propia conciencia, y mintiéndose a sí
mismo y al resto de nosotros.
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