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ACASO el más benigno de los dictámenes que ha merecido la política sea el que la considera un mal necesario. Hay quienes la estiman inseparable de la corrupción, la mentira y las ambiciones infames. Muchos menos son quienes la vinculan al bien común y al interés general. No creo que los políticos sean peores personas que el resto; sí quizá que están sometidos, eso sí, por voluntad propia, a más intensas tentaciones. Sin llegar a aceptar la opinión de Comte de que toda participación en el mando es degradante, sí parece sensato admitir que la ambición de poder es una de las pasiones más devastadoras y hostiles a la serena felicidad. Los sabios no suelen recomendar la dedicación a la política. Ni todos los políticos ni todas las políticas son iguales. Pero, desembarazada de la ética, la política degenera, como por una suave pendiente, hacia la criminalidad. Acaso la Providencia ha dispuesto que una de las más nobles empresas humanas sea también una de las más fáciles de corromper y una de las que convocan a algunos de los hombres peores y disuaden a los mejores. Tal vez por eso Platón explicó en su «República» las dificultades que existen para la realización de la política socrática, el gobierno de los mejores. Un régimen ideal sería aquél en el que los hombres no buscasen el poder porque no entrañara su ejercicio ninguna ventaja sino que, por el contrario, hubiera que buscar a los hombres más excelentes para que se hicieran cargo del gobierno. Mas esto no son acaso sino ensoñaciones y vagas utopías. Mientras tanto, las democracias permiten, si no la selección de los mejores gobernantes, sí la destitución pacífica de todos.
Sin ir más lejos en el espacio y en el tiempo, en nuestra vida política actual existen, el menos, tres síntomas del predominio de una concepción mezquina y chapucera de la vida política que, por cierto, no afecta por igual ni a todos los políticos ni a todos los partidos. En primer lugar, las alianzas postelectorales extravagantes que buscan más el poder propio que el cumplimiento de la voluntad de las urnas. Son comportamientos legales pero incompatibles con la ética política. El poder deja de ser un medio al servicio del bien público para convertirse en un fin en sí. Tolerar las imposiciones y exigencias de un grupo minoritario con tal de hacerse con parte del poder o desalojar al rival principal, aunque sea mayoritario, constituye una agresión a las urnas que no suele dejar de pasar factura. Lo que algunos políticos no hacen por convicción deberían hacerlo, al menos, por interés. Otro síntoma deplorable es la frecuencia de las actitudes propias de lo que cabría calificar como política de buitres que busca el caladero de votos en la proliferación de los accidentes y catástrofes, por más que, sin negar las eventuales responsabilidades políticas, éstos sean, en cierta medida, inevitables. Por último, asistimos con indeseable frecuencia a la confusión entre el disenso, natural y legítimo, y la deslealtad institucional, antinatural e ilegítima. Discrepar es un derecho y, a veces, un deber. Pero, salvo problemas de conciencia, poco usuales en tiempos de moralidad devaluada, la discrepancia no puede conducir a la desobediencia. La nobleza obliga a acatar aquello de lo que se discrepa si viene apoyado por la legalidad.
En cualquier caso, por más que el hombre noble pueda sentir hastío y tristeza por el rumbo de la vida pública, siempre imperfecto y muchas veces descarriado, el desprecio y la retirada de la política producen siempre más males que bienes. Vivir en la ilegitimidad es vivir en el envilecimiento.
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