La
polémica de la ciudadanía
Alejandro Llano
La Gaceta de los Negocios
17/08/2006
EN
el ecuador de este caluroso y conflictivo verano,
los ánimos no parecen haberse serenado por efecto
del letargo estivo. Y, si no que se lo pregunten a
los celosos defensores de la educación para la
ciudadanía, a los que el Gobierno socialista parece
haber llamado en pleno agosto a cerrar filas en
defensa de esta herramienta docente tan decisiva
para la ideología oficial. Ante la objeción de que
la formación moral es competencia de las familias,
los apologistas mantienen, por una parte, que el
Estado también tiene responsabilidades éticas. Pero
arguyen también —y no se ve bien cómo conciliar esto
con lo anterior— que la educación para la ciudadanía
no entra en disquisiciones tan íntimas y que, a fin
de cuentas, cada uno puede pensar en su casa lo que
quiera (como sucedía incluso en tiempos de la
dictadura).
También es significativo, por lo demás, que los
adalides más destacados de la ilustración cívica
sean, casualmente, potenciales redactores de libros
de texto para uso de los escolares que disfrutarán
de tales asignaturas; porque evidentemente no se
trata de una sola.
Los defensores de la línea
gubernamental exponen ahora unánimemente un
razonamiento basado en la educación comparada: en
todos los países occidentales existe esta
disciplina; también aquí deberá imponerse, porque
estamos más necesitados que ellos de educación
política. Lo malo de este aserto es que su falsedad
resulta sencilla de comprobar.
No existe tal asignatura en
todos los países de nuestro entorno, sino en muy
pocos. Y, lo que es peor, la disciplina que en ellos
se imparte tiene poco que ver con la que se está
urdiendo entre nosotros. En Francia y Estados
Unidos, por ejemplo, lo que se explica es, lisa y
llanamente, el contenido de la Constitución, la
estructura del Estado, y el funcionamiento de las
instituciones públicas. Y punto. No hay —como en
nuestro país se prevén— discursos edificantes para
buenos demócratas según la praxis socialista, ni
instrucciones sobre el manejo de la propia
afectividad, ni clasificaciones de los diferentes
tipos de familia por razón del género de los
cónyuges, ni relativizaciones de la configuración
sexual del individuo, ni excursos sobre la
globalización y el nacionalismo.
Pero hay otro plano de
consideraciones más hondo e inquietante. Se refiere
al propio concepto de ciudadanía. Según los
aleccionadores, la ciudadanía es algo que emana
desde las alturas del Estado y desciende
benéficamente sobre el común de las gentes que,
antes de recibir esta unción, eran simplemente seres
humanos sin atributos sociales ni políticos. Como el
Estado es el nacedero de la ciudadanía, también les
parece lógico que sea quien instruya sobre ella y
vele para que no se deteriore ni tergiverse su
pureza doctrinal.
Pero tal posición aboca a una
petición de principio. Porque si el Estado es el
generador y garante de la condición ciudadana,
¿quién legitima al propio Estado? Problema que se
patentiza en el caso de un régimen democrático, cuya
elemental definición establece que consiste en la
estructura política surgida justamente de la libre
decisión de los ciudadanos.
Todas las teorías sociológicas
y políticas actuales coinciden en comprender la
ciudadanía como una condición previa a la
tecnoestructura política. Ya estamos lejos
—deberíamos estarlo— del Estado paternalista, que
pone y quita derechos o deberes, que arbitra sobre
el ser o no ser de los ciudadanos, que reparte
diplomas acreditadores de haber estado de parte de
los buenos en los conflictos patrios. Lo propio de
la democracia es la libre emergencia de las
libertades concertadas de los ciudadanos, no la
sofocante colonización de las agencias estatales
sobre personas maduras.
Pero es que, además, el
estatismo centralista en materia de educación cívica
resulta ridículo cuando en este país se está
procediendo al astillamiento del Estado, del cual
hasta el mismo presidente Maragall declara que ha
pasado a ser residual en Cataluña. Parece que, más
bien, estamos ante un horizonte de plurales
ciudadanías, que requerirán en cada caso estrategias
educativas diversas. Si resulta que el Estado va a
ser algo suplementario y adjetivo, también lo será
la ciudadanía que desde él se otorga y se imparte.
Instituciones y competencias
entreveradas o solapadas están ya produciendo
confusión e ineficacia. ¿Qué responsabilidad
ciudadana puede predicar un Estado que ha procedido
a su autovaciamiento, pero que sigue manteniendo
celosamente los monopolios propios de épocas en que
gozaba de mejor salud?
Son capaces de prescribir a
los habitantes de este país cómo se han de comportar
en el coche, en la escuela y en la cama, pero no de
evitar el caos aeroportuario, apagar los incendios,
organizar mínimamente la inserción de los
emigrantes, o proteger a vascos y navarros de la
violencia. Es la hora de que la sociedad civil
recupere su libre protagonismo.
Educación para la
esclavitud
ABC
Juan Manuel de Prada
17-07-2006
Recordemos la célebre frase de Jean-François Revel:
«La tentación totalitaria, bajo la máscara del
demonio del Bien, es una constante del espíritu
humano». Todas las ideologías totalitarias que en el
mundo han sido aspiran a crear, bajo esa máscara de
bondad, un «hombre nuevo» que se amolde a sus
postulados. El ser humano, cada ser humano, posee
unos rasgos, querencias y convicciones de índole
moral que dificultan la consecución de ese modelo;
las ideologías totalitarias, lejos de admitir la
pluralidad de sensibilidades que componen la
sociedad, tratan de modificarlas mediante la
«reeducación», hasta convertirlas en engranajes del
sistema. Si algo hermanó al nazismo y al comunismo
fue precisamente este propósito de fabricar un
«hombre nuevo», en el que el valor intrínseco de la
persona era negado en pro de la comunidad. Esta
labor de «reeducación» social se presentó,
paradójicamente, como una empresa filantrópica. Y
esa «máscara del demonio del Bien» fue a la postre
la que amparó el derecho de desterrar a los
arrabales de la sociedad a categorías enteras de
hombres, incluso el derecho a aniquilarlos sin
dubitación.
Este sueño de construir la sociedad perfecta e
imponerla a los demás sigue infectando los regímenes
democráticos, bajo estrategias mucho más amables y
sibilinas. Un ejemplo palmario de ingeniería social
lo representa esa asignatura llamada cínicamente
Educación para la Ciudadanía, cuyo objetivo no es
otro que imponer un nuevo sistema de valores,
presentándolo como un imperativo moral e
imprescindible para la existencia de una sociedad
cohesionada. Para ello, se impone una «nueva ética»
basada en los «nuevos paradigmas»: el nuevo
paradigma de familia, el nuevo paradigma de derechos
humanos, el nuevo paradigma de género, etcétera. A
nadie se le escapa que el adoctrinamiento de las
mentes infantiles produce a medio plazo unos
opíparos réditos electorales; a nadie se le escapa
que todo régimen político que anhela perpetuarse
dedica especiales esfuerzos a las tareas de
proselitismo y propaganda entre los más jóvenes,
pues con ello se asegura un granero de votos. A
través de esta asignatura llamada cínicamente
Educación para la Ciudadanía, nuestros hijos serán
atiborrados de un pienso ideológico que naturalmente
no se limitará a incluir unas normas de convivencia
cívica, sino que sobre todo se preocupará de imponer
una «moral pública» que tuerza y pisotee la moral
que los padres, legítimamente, les intentamos
transmitir. Y así, por ejemplo, se entonarán las
loas del «derecho a elegir libremente la opción
sexual», y se les explicarán los muy benéficos
logros que deparará la experimentación con
embriones, todo ello aderezado con apelaciones a la
«recuperación de la memoria histórica» y demás
mitologías del Nuevo Régimen. La formación de nuevas
generaciones de esclavos está asegurada.
Ante tal atropello, los ciudadanos libres -si es que
todavía resta alguno -deben actuar enérgicamente.
Recordemos las palabras de Henry David Thoreau en su
opúsculo Desobediencia civil (1849): «Existen
leyes injustas. ¿Debemos conformarnos con
obedecerlas? ¿Nos esforzaremos en enmendarlas,
acatándolas hasta que hayamos triunfado? ¿O debemos
transgredirlas de inmediato? Si la injusticia
requiere de tu colaboración, convirtiéndote en
agente de injusticia para otros, infringe la ley.
Que tu vida sirva de freno para detener la máquina.
Lo que debes hacer es tratar por todos los medios de
no prestarte a fomentar el mal que condenas». Una
ley es injusta cuando conculca derechos ciudadanos y
trata de confiscar ese ámbito de libertad personal
que corresponde en exclusiva al individuo y que el
Estado no puede invadir. Esta asignatura llamada
cínicamente Educación para la Ciudadanía nos amenaza
con una flagrante invasión de ese ámbito inviolable,
ejercida además contra los más débiles e indefensos,
que son nuestros hijos. La desobediencia civil será,
llegado el momento, un recurso legítimo.
