Por Iván Jiménez-Aybar *
“Créame, la peor desgracia que podría
ocurrirle a un magistrado, sería la de
enfermar de ese terrible morbo de los
burócratas que se llama el conformismo. Es
una enfermedad mental, similar a la
agorafobia: el terror de su propia
independencia”. Esto es lo que en cierta
ocasión le dijo un anciano magistrado a
Piero Calamandrei, el reputado abogado
italiano experto en Derecho procesal
fallecido a mediados del pasado siglo. Y así
lo reflejó el florentino en su maravillosa
obra “Elogio de los jueces escrito por un
abogado”.
Sin lugar a dudas, la ya famosa “juez de
Denia” no padece tal enfermedad. Se llama
Laura Alabau y es una juez valiente. ¿La
recuerdan? Su nombre saltó a los medios de
comunicación en el mes de julio cuando
promovió una cuestión de
inconstitucionalidad respecto a la ley que
permite el matrimonio entre personas del
mismo sexo, dejando además en suspenso el
expediente matrimonial de dos mujeres que
solicitaron casarse. Y, como no podía ser de
otra manera, desde diversos sectores
sociales que dormitan al calor de la hoguera
del partido en el poder se le dijo de todo
menos hermosa. Abrieron el fuego desde el
propio Ministerio de Justicia, secundados
por no pocos miembros de la carrera judicial
que muy enfurecidos afirmaban que los jueces
del Registro Civil ejercen una función
meramente administrativa y carecen por tanto
de legitimación para promover cuestiones de
esta índole. Tampoco faltaron quienes
dijeron que un juez, en cuanto funcionario
público, nada tiene –ni puede‑ que objetar
en relación a la aplicación de una ley
aprobada en Cortes. Y, pegando el tiro de
gracia, algunos representantes del colectivo
homosexual le colgaron sin piedad el cartel
de “homófoba”, sambenito éste que adjudican
tan alegre como injustamente a todo aquél
que osa posicionarse en contra de esta ley,
incluso ahora que ya ha entrado en vigor.
Permítanme que obvie las disquisiciones
técnicas acerca de si plantear una cuestión
de inconstitucionalidad entra dentro del
ámbito de competencias de un juez del
Registro Civil. A los ciudadanos de a pie lo
que nos interesa es que alguien nos diga por
qué se pretende hacer callar a Laura Alabau,
lanzando además un mensaje –en forma de
aviso para navegantes‑ a cualquier juez que
en el futuro le dé por seguir sus pasos. ¿No
les bastó con ignorar al Consejo General del
Poder Judicial, al Consejo de Estado o a la
Real Academia de Jurisprudencia y
Legislación cuando avisaron de que el
Proyecto de ley de matrimonio homosexual era
de dudosa constitucionalidad? Y, ¿no fue
suficiente con acallar las voces de cientos
de miles de personas que se manifestaron por
las calles de nuestro país en contra de una
norma que atenta gravemente los derechos de
la familia? A la luz de los hechos, nada de
lo anterior colmó una insaciable voluntad
de, en primera instancia, imponer a
cualquier precio su aprobación, y, a
posteriori, impedir su contestación o
crítica en diversos foros, incluida la
Universidad. Por cierto, ¿quién dijo que la
Universidad tenía que ser un motor de ideas?
Pues vayámonos olvidando, porque en este
caso se le intentará hacer funcionar –salvo
que los investigadores y docentes en Derecho
de familia lo impidamos‑ como mero órgano
reproductor de una ideología determinada.
Quizá, lo más grave de este asunto de la
juez de Denia es que, detrás de las críticas
hacia su actuación y hacia su propia
persona, se esconde una arrogante pretensión
de definir los confines de la función del
juez. Aplicando la doctrina anglosajona del
“abrazo del oso”, a Laura Alabau se le está
diciendo que, en tanto en cuanto cobra
mensualmente un sueldo que proviene de las
arcas públicas que le permite pagar la
hipoteca y bajar a comprar al supermercado,
no le está permitido introducir una sola
nota discordante en la partitura normativa
que se nos ha impuesto. Pues no, señores
gobernantes: no sólo están confundiendo el
Gobierno con el Estado (algo, por otra
parte, muy típico de la izquierda en todo
tiempo y lugar), sino también qué significa
y qué implica la misión del juez. Como
aprendí de Javier Hervada (“¿Qué es el
derecho?”, 2002), “a la Facultad de Derecho
se va a aprender a ser jurista”, es decir, a
ser “un hombre [o mujer, por supuesto] que
sabe derecho”. Y esto no consiste
‑aclarémoslo de una vez, sobre todo ahora
que lo que está de moda es el universitario
técnico‑ en el mero conocimiento de las
leyes. Va mucho más allá. Un buen jurista
conoce el verdadero significado de la
palabra justicia, tal como la definieron los
juristas romanos y la desarrollaron, entre
otros, Aristóteles y Santo Tomás: la virtud
de dar a cada uno lo suyo, su derecho, lo
que le corresponde, lo que le es debido.
Ello exige, por supuesto, saber de leyes;
pero también ponderar, interpretar y
analizar de modo crítico las normas que se
deben aplicar en un caso concreto.
Esto, precisamente, es lo que ha hecho la
juez de Denia. Puso frente a frente la Ley
de matrimonio homosexual y el artículo 32 de
la Constitución, y, echando mano de su fino
criterio jurídico –al que Hervada se refiere
como el “ojo clínico” del buen jurista‑,
determinó que a este precepto no se le puede
aplicar el socorrido recurso al “donde dije
digo, digo Diego”. Es decir, si resulta que
“el hombre y la mujer tienen derecho a
contraer matrimonio”, es obvio que este
derecho lo deben ejercitar ‘entre sí’. La
condición ‘sine qua non’ es el principio de
heterosexualidad. ¿Que quién dice eso? Muy
sencillo: la Constitución y el sentido
común. Decir lo contrario es interpretar
nuestra Carta Magna de manera interesada,
mezquina y torticera, moldeando la norma a
nuestro antojo. Es como fundir una silla de
forja, construirnos un taburete, y pretender
todavía hacerlo pasar por silla.
Reitero: Laura Alabau es una juez valiente.
Se negó a aplicar una ley de imposible
encaje en la Constitución, por más que se
empeñe en lo contrario el partido en el
poder, sus socios y el grupo de presión que
ellos mismos han creado y alimentado.
Además, no quiso someterse a la ‘lobotomía
intelectual’ que el Gobierno quiere
practicar a nuestros jueces, que consiste en
sustituir su espíritu crítico por un
compendio legal formado por los Códigos
civil y penal, las leyes que regulan sus
procesos y otras normas de referencia; por
supuesto, oportunamente comentadas, no vaya
a ser que a los jueces les dé por
interpretarlas a su libre albedrío. ¡Qué
desfachatez, encima que les pagamos! Es
decir, se buscan técnicos en leyes, y no
juristas.
La juez de Denia se ha salido del sendero
marcado. No sé si ha leído la obra de
Calamandrei, pero sí estoy seguro de que no
se encuentra entre los que aquel anciano
magistrado jubilado denominaba “jueces
indolentes, desatentos, desganados,
dispuestos a detenerse en la superficie con
tal de evitar el duro trabajo de perforación
que tiene que emprender el que quiera
descubrir la verdad”.
