Autor:
Jesús
Ortiz López
Arvo.net,
16/01/2008
De
níngún modo. En primer lugar porque un
gobierno, más o menos transitorio, no es el Estado
y mucho menos la sociedad. En segundo lugar porque un
gobierno no otorga derechos a los ciudadanos sino que
tiene el deber de servirlos garantizando los derechos
previos a cualquier legislación. Y en tercer lugar
porque dos no discuten si uno no quiere, como le ocurre a
la Iglesia católica o universal, que ha visto ya
muchos gobiernos y Estados en veinte siglos de
existencia.
1. La
autoridad moral de la Iglesia
Desde
el pasado 30 de diciembre asistimos a una cadena de
descalificaciones por parte del actual Gobierno socialista
contra la Iglesia que reunió a un millón y
medio de personas, muchas no creyentes o no practicantes,
en la Plaza de Colón de Madrid. Allí se
defendió a la familia como necesaria para el
desarrollo de las personas, para el progreso de los
pueblos, y para la paz del mundo. Representan a la mayoría
de la sociedad española que tiene un proyecto común
de valores en torno a la familia y reacciona cuando se ve
atacada. Porque cuando las leyes alteran su núcleo
esencial de poco sirven las ayudas económicas
menguadas, los subsidios interesados y las evanescentes
promesas electorales. Todo esto merece ser estudiado con
serenidad a la luz de las relaciones de colaboración
entre la Iglesia y el Estado, sostenidas por los acuerdos
bileterales con dimensión internacional, como
hacemos a continuación.
Benedicto
XVI se ha dirigido a comienzo de año al Cuerpo
diplomático acreditado ante al Santa Sede con
palabras llenas de humanidad y de esperanza en defensa del
hombre y del buen progreso de la sociedad. Es una muestra
del prestigio moral que cada Pontífice romano tiene
ante los gobernantes del mundo entero como instancia moral
de primer orden que se sitúa en otro nivel más
amplio y trascendente que el de las interesadas relaciones
entre países, o de las luchas políticas
partidarias en cada lugar del planeta. Porque cada
gobierno tiene el peligro de creerse el ombligo del mundo
y el poder absoluto que concede derechos a sus súbditos.
Por
cuarta vez en diez días Benedicto XVI recuerda que
«la familia natural, comunión íntima
de vida y de amor, fundada sobre el matrimonio entre un
hombre y una mujer, constituye el lugar primario de
humanización de la persona y la sociedad.
Desgraciadamente –añadía- vemos a
diario qué insistentes y amenazadores son los
ataques e incomprensiones contra esta importantísima
institución humana y social». En España,
además tenemos motivos para entender esta
insistencia suya y el detalle para explicar qué es
una familia y un matrimonio, pues llevamos tiempo
sumergidos en la ceremonia de la confusión creada
por el Gobierno de Rodríguez Zapatero y los medios
que le sostienen.
En
el fondo de este debate global están los derechos
humanos, cosa en que todos
estamos de acuerdo, pero sólo aparentemente, como
lo demuestra la falta de acuerdo sobre el derecho a la
vida de los embriones humanos. Pero además, está
en el vórtice del huracán la misma ley
natural que para algunos
está pasada de moda y cifran sus pequeñas
esperanzas en el consenso de una democracia simplemente
procedimental: basta que se cumpla la débil mayoría
por un puñado de votos, incluso de tránsfugas,
para que salga una ley, y la sociedad la acepte como
moralmente buena: si es legal es moral, si se puede hacer
se hace. La manipulación y destrucción de
embriones es una muestra de ello.
En
el fondo hay un pulso entre dos
concepciones del ser humano en
la realidad, una reductiva, que todo lo cifra en el
bienestar y los derechos individuales, y otra abierta a la
trascendencia que es capaz de apelar a la rectitud moral y
de plantear con valentía la cuestiones sobre la
verdad, el bien, y la fuerza religiosa del ser humano.
Hace unos años el pensador J.Gaarder, autor del
famoso libro El mundo de
Sofía, consideraba que,
si bien todos vivimos pululando entre los pelillos de la
chistera, no todos se atreven a escalar y asomar la cabeza
para ver al gran Mago del universo. Como es sabido estaba
tratando de la filosofía y la sabiduría
permanente no relativista, aunque no mencionara la
religión; pero sí se resiste a ver al hombre
como un mono vestido, y también a debatir sobre los
derechos de los simios.
Por ese camino de la confusión no llegaremos a
ninguna parte y las palabras de goma valen para todo.
Entonces sólo queda la fuerza del poder, en lugar
de la fuerza de la verdad; o con otras palabras del
presidente Zapatero para garanatizar que
la libertad os hará verdaderos,
como si de un nuevo mesías se tratara.
2. En
la misma barca del servicio
Pues
bien, para interpretar estos recientes ataques a la
Jerarquía de la Iglesia católica por parte
del Gobierno socialista y su trayectoria en estos últimos
años, bueno será decir algunas palabras
sobre la naturaleza y fines del Estado y de la Iglesia,
así como sobre la necesaria colaboración
para el bien común de los ciudadanos, en el respeto
de la ley, del orden moral, y de la vida humana[1].
Fue el Concilio Vaticano II quien habló de las
relaciones entre la Iglesia y el Estado afirmando que la
comunidad política y la Iglesia, cada una en su
ámbito propio, son mutuamente independientes y
autónomos. La Iglesia y el Estado están
llamados a colaborar para servir a los hombres pues no es
otra su finalidad, aunque sea en planos diversos: la
Iglesia ha recibido la misión de evangelizar a los
pueblos y a su vez los Estados tienen la misión de
buscar el bien común temporal de todos los
ciudadanos, que incluye también bienes espirituales
pues el hombre trasciende la materia[2].
·
Dos niveles distintos y complementarios
«La
misión propia que Cristo confió a la Iglesia
no es de orden político, económico o social.
El fin que le asignó es de orden religioso.
Precisamente de esta misma misión religiosa fluyen
una función, una luz y unas energías que
pueden servir para establecer y consolidar la comunidad de
los hombres según la ley divina»[3].
La Iglesia es una sociedad de orden sobrenatural que se
propone la salvación de las almas; una misión
religiosa que incluye la recta ordenación de las
cosas temporales, de modo que sirvan al hombre para
alcanzar su fin último. Con su doctrina y su
actividad apostólica, la Iglesia contribuye al
progreso humano de la sociedad; los medios que la Iglesia
utiliza para llevar a cabo su misión son ante todo
espirituales: la predicación del Evangelio, la
administración de los sacramentos, la oración,
y el ejercicio múltiple de la caridad, desde la
asistencia a enfermos e inmigrantes hasta la educación
de los jóvenes.
En
cambio, el Estado es de orden natural y se propone el bien
común temporal de la sociedad civil, que incluye
también el bien espiritual de los ciudadanos. Un
Estado que sólo se ocupara del bienestar material
seguiría una antropología intrascendente y
mutilaría la condición humana[4].
El bienestar social requiere, además de los medios
materiales, otros muchos bienes de carácter
espiritual, como son la paz, el orden, la justicia, la
libertad, la cultura o la religión. Son bienes que
sólo pueden alcanzarse mediante el ejercicio de las
virtudes sociales, que el Estado debe promover y tutelar,
como es la moralidad pública.
Voluntad de colaboración
Las
relaciones entre la Iglesia y el Estado han de ser
lógicamente de unión y colaboración
mutua, aunque cada uno actúe dentro de su propio
orden. Colaboración que parte del mutuo
reconocimiento de ser sociedades diferentes, con
naturaleza, organización y personalidad jurídica
propias; y esto se lleva a cabo mediante la regulación
jurídica de aquellas materias que afectan a los
fines de ambos, como son el derecho a la vida, la
educación, el matrimonio, la comunicación
social, o la asistencia a los necesitados. Para eso están
los tratados y acuerdos bilaterales de carácter
supranacional que ninguno de ellos puede alterar
unilateralmente. Entre nosotros se oye con demasiada
insistencia, por parte de Izquierda Unida, de gentes del
PSOE, o de otros radicales como ERC, que se cambien los
Acuerdos existentes. La respuesta es que se pongan a ello
a ver qué pasa en la sociedad y en el orden
internacional.
La
realidad es que en esas materias tan importantes el actual
Gobierno socialista lleva cuatro años introduciendo
leyes lesivas para la el matrimonio y la familia, la vida
y la educación. Los resultados están a la
vista cuando vemos que se deshacen más matrimonios
que nunca amparados en el llamado divorcio
exprés, una bandera del
Gobierno; cuando vemos que crece el número de
abortos, cien mil en el último año, burlando
la ley que lo considera un delito contra la vida, aunque
ya se oyen voces para una ley de plazos que convertiría
el delito en derecho de la mujer; o cuando padecemos la
asignatura obligatoria de Educación
para la ciudadanía,
conocida como educación en el espíritu
laicista para borrar en los jóvenes cualquier
atisbo de trascendencia. Una asignatura que viene a
desarrollar aspectos de la nueva Ley de Educación
(LOE) impuesta a la comunidad educativa, de espaldas a los
padres, y sin lograr un consenso social suficiente con la
sociedad y las fuerzas políticas. No es fácil
ver cómo cuadra este tsunami
legislativo con nuestra Constitución cuando dice
que los poderes públicos garantizan el derecho que
asiste a los padres para que sus hijos reciban la
formación religiosa y moral que esté de
acuerdo con sus propias convicciones (Art. 27, 3). Algo
que acaba de ser ratificado en el Tratado de Lisboa casi
con las mismas palabras y que obliga a los países
de la Comunidad Europea. Por cierto, que se ha firmado en
un monumento de primera categoría de la capital
lusa: el Monasterio de San Jerónimo, una muestra
del esplendor del arte cristiano que vitaliza la cultura
de Europa.
Mal
que les pese, todo esto choca con la Constitución
cuando establece ciertamente y para bien, que ninguna
confesión tendrá carácter estatal (de
ahí la aconfesionalidad), pero también que
los poderes públicos tendrán en cuenta las
creencias religiosas de la sociedad española y
mantendrán las consiguientes relaciones de
cooperación con la Iglesia católica y las
demás confesiones (Art. 16, 3) ¿Alguien ha
visto algo de esto durante cuatro años y
especialmente desde la Jornada festiva de la familia el
pasado 30 de diciembre?
3. La
democracia es imposible sin valores morales
La
Iglesia tiene el derecho y el deber de señalar
cuándo una ley es injusta por ser contraria a la
ley natural -leyes del aborto o de investigación
con embriones humanos-, y determinadas costumbres o
situaciones que son objetivamente inmorales -matrimonio de
homosexuales o corrupción administrativa-, aunque
estén permitidas por el poder civil. Y también
puede recordar a los católicos que deben ser
consecuentes para no apoyar a personas y partidos que se
propongan objetivos contrarios a la ley moral y la
dignidad de las personas, como es la eugenesia o el
racismo. Ya sabemos que la facción gobernante no
quiere ni oír hablar de ley natural pues siguen a
pie juntillas el iuspositivismo jurídico, que es
como un árbol arrancado de sus raíces, que
seguirá teniendo hojas y algunos frutos por un
tiempo pero está sentenciado de muerte. Lo
expresaba con acierto ya en el siglo V a.C. la Antígona
de Sófocles al déspota de turno: «No
creía yo que tus decretos tuvieran tanta fuerza
como para saltar por encima de las leyes no escritas,
inmutables, de los dioses: su vigencia no es de hoy ni de
ayer, sino de siempre, y nadie sabe cuándo fue que
aparecieron (...). Puede que a ti te parezca que obré
como una loca pero, poco más o menos, es a un loco
a quien doy cuenta de mi locura».
La
Iglesia sabe que el Estado está planteado desde la
dimensión ética de la persona y de la
sociedad, y debe custodiar también la ley moral
natural. Es el modo que tiene, según su naturaleza,
de cooperar en su orden al bien trascendente de las
personas. Además está avalado por la
experiencia universal en el espacio y el tiempo que no se
puede separar del todo la moral privada de la pública,
salvo que uno caiga en la esquizofrenia. Por eso el
Concilio lamentaba la separación entre la fe y la
vida diaria de muchos como uno de los más graves
errores de nuestra época[5],
lo cual afecta especialmente a los creyentes, más
que ser una crítica a los gobernantes. En cambio,
la coherencia de los fieles laicos con su fe en todas sus
actuaciones, en especial quienes tienen cargos de
responsabilidad pública, será la mejor
garantía de que las instituciones y leyes
contribuyen al bien común[6].
Para
concluir diremos que la religión está
fundada en la verdad y no a medio camino entre el
fundamentalismo y el laicismo porque le corresponde un
plano superior trascendente: el hombre se encuentra con la
llamada de Dios y el sentido pleno de su vida. No hay
razones para sospechar poca lealtad en la Iglesia en sus
relaciones con el Estado, y menos para acusar a la
Jerarquía de faltar a la verdad (Fernández
de la Vega en el Congreso) cuando enseña que el
matrimonio es la unión estable de un hombre y una
mujer, cuando defiende el derecho a la vida de los no
nacidos, y cuando manifiesta que los derechos subjetivos
no tienen licencia para matar, y lo hace ante una sociedad
envejecida que se aferra a pequeñas esperanzas
porque le falta la gran esperanza del Gran Mago del
universo, un modo de hablar de Dios Padre amoroso y
providente y de su Hijo Jesucristo, que cada Navidad nos
regala el realismo del amor, la libertad anclada en la
verdad, y saber convivir con todos.
_______
*
Jesús Ortiz López
Doctor
en Derecho Canónico
[1]
Las siguientes ideas están expuestas con más
amplitud en J.Ortiz, Conocer
a Dios,
Vol I, capítulo 15, Rialp, 2003.
[2]
Cfr. Gaudium
et spes,
76.
[4]
A.HUXLEY, Un
mundo feliz,
Plaza & Janés 1996. Ha descrito cómo
sería -¿o quizá ya es?- un Estado,
nacional o supranacional, que cercenara las necesidades
espirituales de los hombres como son el amor auténtico,
la búsqueda de la verdad, la liberad para decidir
el propio destino, o el sentido religioso de una vida
dirigida a Dios. Esta novela describe un mundo en el que
se han cumplido los peores vaticinios: triunfan los
dioses del consumo y el bienestar, y está
organizado en “zonas de seguridad” que
esconden el peor del totalitarismo. Ese mundo ha
sacrificado valores humanos esenciales, y sus habitantes
son procreados in
vitro
a imagen y semejanza de una cadena de montaje. G.
Orwell mostraba algo parecido en su famosa Rebelión
en la granja.
[6]
«No se puede, por lo demás, separar la moral
pública y la moral privada. Hoy se proclama con
rara unanimidad que el hombre público tiene
derecho a su vida privada, sancionándose de este
modo una dicotomía que secciona al mismo individuo
en dos compartimentos estancos. Todo lo cual es verdadero
y legítimo sólo hasta cierto punto. Quien
asume un protagonismo social, ha de hacerlo desde la
verdad personal, comprometiéndose por convicción
y no sólo por convención o interés
coyuntural». CEE, La
verdad os hará libres,
n. 62
