Las políticas de emigración
Por Sergio Sotelo
Según un reciente informe de la ONU, España debería acoger en el plazo de medio siglo a doce millones de inmigrantes —unos 240.000 al año— para mantener su actual fuerza de trabajo y garantizar la viabilidad del sistema de pensiones. La publicación de este estudio ha provocado, en el seno de la opinión pública española, un encendido debate acerca de la conveniencia de recurrir a la mano de obra inmigrante como solución. El actual debate parece ignorar el hecho de que la inmigración, más que un reto de futuro, constituye una realidad. ¿Estamos preparados para afrontarla?
EN LOS ÚLTIMOS años, España ha pasado de ser un nación exportadora de mano de obra a ser un país de creciente inmigración. La cifra de inmigrantes en nuestro país se ha duplicado en la última década hasta superar las 720.000 personas, sin contar a los irregulares. A pesar de que la importancia numérica de la población extranjera en España es aún considerablemente menor que la existente en otros países europeos (en un una proporción inferior al 2%, frente al 6% en Francia o el 9% en Alemania), la situación cambia rápidamente. España se ha convertido en uno de los principales destinos de los movimientos migratorios, debido a su vecindad con África y su prosperidad económica. Y todo apunta a que el flujo inmigratorio continuará. En primer lugar, porque la inmigración parece ser, por el momento, la única forma de satisfacer las demandas de mano de obra del empresariado español. En segundo lugar, porque mientras subsistan los desequilibrios económicos y sociales entre el Norte y el Sur, miles de desheredados tratarán de ganar las fronteras del primer mundo.
En la actualidad el mercado laboral español necesita mano de obra. Según estimaciones de los empresarios agrícolas y de la construcción, se necesitan un millón de inmigrantes para afrontar las exigencias de producción de los próximos tres años.
A propósito de esta información, quizá sorprenda el alto número de inmigrantes solicitados, pero, seguramente, no sorprenderá que sean requeridos para tales actividades. Desde hace años, para justificar la entrada de inmigrantes se señala que su venida cubre puestos de trabajo que los nacionales no aceptan por su precariedad, sus bajos salarios o el escaso reconocimiento que tienen.
Habría que completar esta afirmación, porque el mercado laboral español comienza a necesitar también mano de obra cualificada. Así lo indican, por ejemplo, fuentes de la patronal del sector del metal, Confemetal, ante las dificultades que algunas comunidades como Cantabria, País Vasco, Navarra, Aragón o Cataluña tienen para atender la demanda de empleo.
Esas mismas fuentes señalan que tras la reconversión industrial, muchas de las tareas tradicionales del sector del metal parecían destinadas a desaparecer. Pero en la actualidad, después de la recuperación de la actividad, esas profesiones vuelven a registrar una demanda, si bien con un grado de cualificación mucho mayor. Esta circunstancia quizá abra la puerta a un nuevo tipo de inmigración cualificada, que podría nutrirse, como ya ocurre en otros países europeos, de trabajadores procedentes de la Europa del Este.
Las políticas de inmigración
En los últimos años, la política inmigratoria de España se ha dirigido, preferentemente, hacia el control de flujos y el reforzamiento de fronteras, al pie de las directrices marcadas por la UE para la construcción de lo que algunos llaman la fortaleza europea. Esto es, la creación de un espacio interior de libre circulación para los comunitarios y con acceso restringido para los ciudadanos de terceros países.
En este afán por reforzar las fronteras y ejercer un control sobre los flujos migratorios, se han articulado dos tipos de procedimientos: el sistema de contingentes anuales y los procesos de regularización.
El sistema de contingentes anuales ha tratado, con relativo éxito, de tomar la iniciativa en la organización de los flujos de inmigración. Así, el Ministerio de Trabajo establece un cupo anual de personas que pueden optar a un permiso de trabajo, fijado en función de las necesidades de mano de obra de la economía española y de la capacidad de absorción de la sociedad. Pero, invariablemente, se produce un desfase entre la mano de obra solicitada por los empresarios y la autorizada por el Ministerio. Esta situación provoca la pervivencia de irregularidades. El contingente asignado por el gobierno apenas cubre la demanda, lo que, a juicio de Juan Colomina , vicepresidente de la Mesa Hortofrutícola de Almería, “condena a los inmigrantes a ser ilegales y a los agricultores a contratar ilegales”.
Los procesos de regularización pretenden facilitar la emergencia al mundo legal de los inmigrantes en situación irregular —una bolsa cuyo número es difícil de estimar, pero que diversas fuentes sitúan en alrededor de 80.000 sin papeles en el caso español—. Hasta la fecha se han efectuado tres procesos, en 1985- 86, 199 1-92 y 1996. A los que hay que sumar el proceso extraordinario ahora en marcha. La eficacia de estos procedimientos es relativa.
En primer lugar, porque el número de personas que se benefician de los mismos suele ser mínimo, porque muy pocos cumplen los requisitos establecidos. Muchos extranjeros no pueden legalizar su situación por el tipo de documentos que se solicitan (contratos de alquiler, gastos de piso, certificado de expulsión, empadronamiento o cuño de entrada en nuestro país). De ahí que Vicente Blasco , responsable de la Oficina de Acogida al Inmigrante de Cáritas en Pamplona, asegure que “casi todos los inmigrantes se van a quedar fuera del actual proceso. Puede que no se llegue ni al 20°/o”.
En segundo lugar, los permisos que se conceden a través de los procesos de regularización son de corta duración. Y cuando caducan los permisos, los extranjeros que no consiguen renovarlos acaban volviendo a la clandestinidad. A este respecto, y a propósito del proceso de regularización extraordinaria en curso, Ana Corral , portavoz de inmigración de UGT, señala: “No debemos olvidar que es una regularización temporal, ya que los permisos de trabajo y de residencia que ahora se conceden caducarán dentro de un año. Después hay que renovarlos y habrá que ver cuáles serán los requisitos que marque el reglamento de la nueva ley”.
Políticas sociales
Tan importante como establecer un ordenamiento jurídico que regule la entrada y permanencia de los inmigrantes es diseñar una política social que permita la integración de los ya residentes. Carlos Giménez Romero , director del Programa Migración y Multiculturalidad de la Universidad Autónoma de Madrid, comenta: “Los inmigrantes no son mano de obra barata, sino personas con derechos.
La integración es adaptación mutua de quien llega y quien recibe, y sus claves son un estatuto jurídico estable y una inserción laboral equiparable en derechos y deberes”.
En este sentido, la nueva Ley de Extranjería ha supuesto un paso adelante, por cuanto consagra los “derechos y libertades reconocidos en el Título I de la Constitución” de los extranjeros en España, en igualdad de condiciones que los españoles.
Pero más allá del reconocimiento formal de tales derechos y libertades, se trata de que los inmigrantes puedan hacerlos efectivos. El Colectivo IOÉ valora en su libro Inmigrantes, Trabajadores, Ciudadanos así las políticas sociales en España: “Resumiendo de forma esquemática puede decirse que se ha avanzado en la formulación de un marco de política social, pero es escaso el desarrollo de programas y medidas concretas”. Como respuesta a la escasa iniciativa de los gobiernos, la sociedad civil se ha mostrado mucho más dinámica. Desde los años 80, las ONG han impulsado los servicios destinados a la población inmigrante: información, asesoramiento jurídico, ayudas económicas, orientación laboral, clases de idiomas...
Esta falta de programas para la integración de la población inmigrante es especialmente significativa en el tema de la vivienda; que, por otro lado, constituye una condición básica para la integración social. Para ilustrarlo, nos referiremos a dos estudios. En marzo de 1998, la Mesa para la Integración Social de los Inmigrantes en Almería, publicó un informe que estudiaba las condiciones de habitabilidad de las casas ocupadas por extranjeros en los municipios almerienses de El Ejido, Vicar y Berja.
Las conclusiones eran éstas: el 57% residía en verdaderas “infraviviendas”, almacenes o casas semiderruidas. La mayoría de ellas carecía de agua corriente, baño, cocina y, casi un tercio, de luz eléctrica. Una encuesta realizada por el profesor Ubaldo Martínez , autor del libro La integración social de los extranjeros en España , constató que el 25% de los marroquíes establecidos en Cataluña vivía en chabolas o casas abandonadas, el 27% carecía de cocina y frigorífico, el 28% no contaba con baño.
A propósito de las políticas sociales, se plantea la forma en que debe organizarse el acceso de los inmigrantes extranjeros a los recursos que dichas políticas ofrecen. Si nos fijamos en el ejemplo de otros Estados, podemos distinguir tres modalidades.
La primera, seguida por países como Francia, rechaza la aplicación de medidas específicas destinadas a la inmigración. Se entiende que los inmigrantes en regla tienen los mismos derechos que los ciudadanos franceses, y que las políticas deben ser las mismas para unos y otros, según un principio de no discriminación e igualdad de oportunidades.
La segunda, representada por Alemania o Suiza, ofrece una combinación entre prescindencia estatal, que delega en las ONGs buena parte de la política social, y un reconocimiento parcial de los derechos de los inmigrantes (pensión y atención para los trabajadores cotizantes; no acceso a las prestaciones de larga duración).
La tercera, propia del Reino Unido, promueve políticas activas de multiculturalismo, que reconocen la situación y necesidades especificas de los colectivos de inmigrantes, no con el fin de segregarlos sino como punto de partida para lograr su integración en un plano de igualdad.
De los tres modelos, el británico parece el más oportuno. Así lo ha sugerido una comisión de expertos del Consejo de Europa, para la cual “la integración de los colectivos inmigrantes sólo puede realizarse a partir de reconocer sus identidades étnicas y culturales, en otras palabras, reconociéndolos como comunidades y no como simple suma de ciudadanos individuales”.
La afluencia incontrolada de inmigrantes clandestinos, la bolsa de sin papeles que residen en nuestro país, el relativo éxito de las políticas de control de flujos o el escaso desarrollo de medidas sociales para la integración son algunos de los indicios de que hoy España está todavía lejos de contar, en materia de inmigración, con una política acabada. Mientras se elabora, el mínimo exigible lo apunta la economista Carmen de Miguel Castaño : “Se trata de evitar la peor de las situaciones, que ya se está produciendo, la de una inmigración irregular, marginada y que no contribuya con impuestos y cotizaciones”.
Publicado en el nº 553-554 de la revista Nuestro Tiempo
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