Por Luis Olivera *
Arvo
Net 09.09.20
Algunos
nunca dejan de sorprendernos, como
los magos que sacan conejos de sus
chisteras. Ahora es el Gobierno
valenciano. El ejecutivo que preside
Francisco Camps constituye,
junto al madrileño, el orgullo del
Partido Popular y su principal
cosechador de votos en nuestro país.
Pero, para que nadie le tilde de
poco moderno o poco
centrorreformista, ha decidido
–informa el diario gratuito “20
Minutos” de ayer- ofrecer a sus
funcionarios –más bien funcionarias-
seis días libres para poder abortar.
Eso se incluye dentro de un paquete
de medidas de la Generalitat
valenciana para conciliar la vida
laboral y familiar, que se aplicarán
de momento a 17.500 funcionarios.
Desde
luego sería de chiste -si no fuera
tan trágica la cuestión- la
incongruencia infinita de considerar
el apoyo al aborto como una medida
"de fomento de la conciliación
familiar (!!!)", comentaba un lector
de “20 Minutos”. Otro se
preguntaba: “¿Les hubieran
también regalado unas vacaciones a
sus madres si les hubieran abortados
a ellos?”. No recuerdo ninguna
administración pública de ninguna
parte del mundo que haya puesto en
marcha una medida semejante.
Pero
haciendo cálculos se deduce que
cinco abortos por año darían lugar a
más que otro mes de vacaciones, dado
que se cuentan 22 días naturales por
periodo laboral. Aunque en principio
no sólo no podemos aplaudir tan
“progresista” iniciativa de la
derecha valenciana, más bien
acomplejada que otra cosa, sino que
no conviene olvidar que la medida
que acaba de tomar se queda corta.
Por
ejemplo, “esos seis días libres
deberían ampliarse al padre –si se
conociera- de la criatura, que tiene
tanto derecho como la madre a
deshacerse de su hijo nonato. Lo
otro sería sexismo puro y duro. En
el caso de que no estuviera clara la
paternidad, o pudiera ser múltiple,
todos los padres que reconocieran al
abortado, deberían tener derecho a
los seis días laborables, que
podrían incorporar a las vacaciones
o a algún puente o fin de semana”,
comentaba una web.
Además, los días libres
por aborto deberían equipararse a la
libranza por parto –cuatro meses- y
demás permisos de maternidad o
paternidad (15 días), sin
discriminación por sexo, religión,
raza o nacionalidad. Porque si es
cierto que las madres necesitan
tiempo para cuidar de sus hijos
recién nacidos, no lo es menos que
la mujer que aborta necesita
recuperarse del famoso síndrome
post-aborto.
En este
sentido parece obvio reclamar de la
administración valenciana del PP una
subvención adecuada para financiar
los gastos extras del
psicólogo/psiquiatra, así como las
compras extra que ayudan a soportar
el correspondiente estado de
ansiedad en el que la mujer se sume
después del aborto. Tal vez se podía
tomar ejemplo de la portavoz
socialista en la Asamblea madrileña
y ex ministra de Asuntos Sociales,
Matilde Fernández, que lleva
años presumiendo del aborto que
realizó en Londres y advirtiendo que
lo mejor para superar la depresión
post-aborto es lo que ella misma
hizo: irse de compras a los grandes
almacenes Harrods.
Ni que
decir tiene que la política social
de don Francisco Camps y del
PP se quedaría coja si sus
funcionarios no tuvieran derecho a
que el dinero público financie la
propia operación de aborto, tanto en
centros públicos como privados. Otra
cosa sería discriminación positiva
por motivos económicos. En este
sentido, los propietarios de las
clínicas Dator, Isadora,
Buenavista y Callao deberían
financiar un convenio con el Consell
valenciano para obtener sinergias y
reducciones en los costes de sus
actuaciones.
Naturalmente, si el aborto se
debiera a cualquier supuesto de
violencia de género –ya sea ejercido
por el presunto padre o por el poco
presunto feto- toda mujer que aborte
deberá tener derecho a instalarse en
un centro de acogida y los jueces
prescribirán una orden de
alejamiento del presunto padre y del
poco presunto niño. En este último
caso, de los restos del infante, no
vaya a ser que le causen pesadillas
o agudicen su síndrome post-aborto.
Un
último apunte: no estaría de más que
la administración del señor Camps
preparara algún tipo de
condecoración o mención de honor
para las funcionarias que aborten,
por su preocupación social. A fin de
cuentas, el “progresismo” más
avanzado está llegando a la
conclusión de que hay que estar poco
menos que loco para traer nuevos
seres humanos a este desquiciado
mundo. O de otra manera: las mujeres
que tienen hijos deben pasar a ser
consideradas como elementos
irresponsables y egoístas en nuestra
sociedad individualista; mientras,
las que abortan deben ser
consideradas como grandes amigas y
benefactoras de la humanidad… que no
del hombre.
*Luis Olivera
Periodista
