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Por
Luis Olivera
Periodista
Arvo Net, 20.11.2006
Mucha gente lo sabía.
Pero, o miraban para
otro lado, o metían la
cabeza debajo del ala o
seguían la táctica del
avestruz. Hasta que
llegó una televisión
danesa y filmó con
cámara oculta en una
clínica barcelonesa: sus
imágenes demuestran que
el aborto en España es
libre hasta el mes
noveno, con tal de que
se paguen 4.000 euros a
tocateja. España se ha
convertido en un gran
coladero, en el paraíso
del aborto europeo.
Incluso el centro
Ginemedex actúa como
agencia de viajes y
oferta ‘packs’ completos
de
avión-hotel-aborto-avión
de una manera discreta.
Hasta hace poco aparecía
incluso en su propia web.
La Generalitat catalana
dice que ha abierto un
expediente informativo,
pero prefiere no hacer
declaraciones. El
silencio de la TV en
España es total: ya se
sabe, lo que no aparece
en pantalla, no existe.
Es el metafisicismo
televisivo. Hasta la
Guardia Civil ha hecho
caso omiso de una
denuncia presentada en
su Unidad Central por
este motivo concreto.
En cambio, en la liberal
Dinamarca no salen de su
asombro. De hecho, el
ministro de Sanidad
danés, Lars Loekke
Rasmussen, declaró
hace dos días que se
dirigirá a los
dirigentes españoles en
relación con este caso:
"Es un reto para las
autoridades de este país
tratar que se cumplan
las leyes", sostuvo.
La televisión pública
danesa emitió hace dos
domingos un reportaje de
cámara oculta en el
centro Emecé de
Barcelona. Esta clínica
abortista, como todas
las demás en España,
recurre al supuesto
despenalizador de la
salud física o psíquica
de la madre, el coladero
por el que se produce el
97% de los 85.000
abortos anuales en
nuestro país. Una
reportera danesa,
embarazada de 31,3
semanas, se hizo pasar
por una clienta que
venía a España a
abortar, porque no le
era posible hacerlo en
su país ni en ningún
otro lugar de Europa. El
reportaje, que pude ver
y entender -Morín
habla en inglés- ayer en
Internet demuestra que
los centros IVE siempre
concluyen que existe
peligro grave para la
salud física o psíquica
de la madre.
Y como España forma
parte del Espacio
Schengen, el
coladero español se ha
convertido en europeo.
Pero dentro de él, el
ojo del huracán se
encuentra en Emecé y
Ginemedex, del mismo
propietario, con centros
también en Alicante y
Mallorca. Y es que la
mayoría de nuestros
socios comunitarios
tiene una ley de plazos
que se cumple, y no se
permite el aborto de un
bebé de casi ocho meses.
Nuestra legislación sí
lo permite en los casos
de peligro grave para la
salud física o psíquica
de la madre.
Pero exige un informe
psiquiátrico
independiente, no un
informe psicológico de
alguien con dependencia
funcional o formal con
el centro que ejecutará
el aborto y, además, el
decreto exige que se
ofrezcan alternativas
reales a las mujeres que
solicitan el aborto:
pero ni se promocionan
unas ni se ofrecen las
otras.
En este
caso, la periodista
encubierta dejó claro
que quiere abortar
porque supuestamente ha
terminado con su pareja
y no porque el bebé
padezca algún problema.
En la clínica sólo le
pidieron rellenar unos
cuestionarios sobre su
salud y estado mental.
Aunque ella afirma que
su estado psicológico es
bueno, le hacen algunas
preguntas psicológicas
para poder argumentar
que el aborto se
practica por ‘grave
riesgo para la salud
psíquica de la madre’.
Ello a pesar de que la
mujer señala que su
salud es “buena”.
“Es sólo cuestión de
burocracia”, señala
el dr. Morín,
dueño del
establecimiento.
Posteriormente, le
indica que el coste de
la intervención será de
4.000 euros.
El resultado es que la
empresa se ha convertido
en una agencia de viajes
por un precio en función
del estado de gestación
del bebé: a mayor
gestación, más dinero,
como si fuera al peso. Y
es el único centro
español que tiene las
herramientas y el
“estómago” para hacerlo.
Porque para matar a un
niño de siete u ocho
meses, hay que provocar
el parto primero y
matarlo antes de que se
produzca el nacimiento.
Si se mata fuera sería
infanticidio. Eso lo
llaman “coherencia”. Y
claro, para matar a un
niño que sería
perfectamente viable
fuera del claustro
materno hay que ser un
desalmado, capaz de
vender su alma y su
dignidad por unos euros.
El dueño de Emecé,
Dr. Morín le
ofrece a la periodista
danesa camuflada un
aborto “legal”
como –afirma- a muchas
mujeres de Gran Bretaña,
Francia, Holanda,
Alemania e incluso
Australia. Además, le
dice que no tendrá
ninguna complicación
médica, aunque el ‘consentimiento
informado’ que debe
firmar la mujer antes
del aborto, habla de
posible perforación del
útero (página 11 del
documento de la
Asociación AVA sobre las
clínicas abortistas). No
obstante, el mismo texto
obvia las graves
secuelas psíquicas que
suceden a todo trauma
tan impactante como la
muerte de un hijo con
permiso de su madre.
Morín
explica ante la cámara
oculta que al feto se le
inyecta en el corazón
‘gigoxina’ provocando su
muerte. Cuando la joven
periodista regresa con
la cámara al hombro,
revelando su identidad,
Morín niega la
mayor y afirma que
todavía falta el informe
psicológico. Ése que
dijo que era “mera
burocracia”. La
televisión danesa se ha
puesto en contacto con
la Generalitat para
preguntar por qué no
existe un control de
este tipo de
establecimientos, aunque
han recibido la callada
por respuesta. “No
entendemos por qué
después de la denuncia
del Daily Telegraph
no ha ocurrido nada”,
señalan. ‘Spain is
different’ y el Estado
de Derecho, a veces, se
encuentra de vacaciones.
En el reportaje danés se
incluyen los testimonios
de José María
Castellví,
presidente de la
Federación Internacional
de Asociaciones Médicas
Católicas (FIAMC), y
Jesús Silva,
catedrático de Derecho
Penal de la Universidad
Pompeu Fabra. Según
Castellví hay un "turismo
de aborto" en
España, miles de
europeas han viajado a
Barcelona para abortar y
muchos de estos
procedimientos son
ilegales. Por su parte,
Silva consideró
que los trámites son "un
teatro, una mentira con
tests falsos" y en
estos casos ocurren "unos
por acción y otros por
omisión cierran los ojos".
Si las clínicas ejercen
este fraude de ley
continuado es porque
saben que la Fiscalía y
las fuerzas del orden
miran hacia otro lado y
adoptan una actitud
agresiva cuando los
grupos pro-vida les
plantean casos
concretos. Por ejemplo,
la filmación de la TV
danesa fue presentad por
representantes del
Partido Social Europeo
en una denuncia ante la
Unidad Central Operativa
de la Guardia Civil. A
pesar del flagrante
delito, los operativos
respondieron –al menos
esta vez respondieron-
que no percibían indicio
de delito.
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