La Conferencia Episcopal y el aborto
Jesús Trillo-Figueroa
la gaceta.es (24.VI.09)
Las que están siempre fuera de lugar son las radicales como Salgado.
Las reacciones de las radicales que controlan el Gobierno ante la declaración de la Conferencia Episcopal sobre el proyecto del aborto, revelan la clave del debate ideológico en España: se acusa a la Iglesia Católica de “hacer política fuera de su lugar”, ya que según ellas “afecta a cuestiones políticas como son las convicciones éticas de la sociedad, y de los ciudadanos, y la Iglesia solo puede hablar de su moral privada en ámbitos privados”. Se trata precisamente de lo contrario, es la política quien invade la esfera de la vida privada, de la sociedad civil y de los ciudadanos, cuando pretende imponer una ética única y pública. La ética afecta a las conciencias, la ética no es cosa del Estado, cuando el Estado asume una ética como propia, estamos ante la “tentación totalitaria” que quiere imponer una moral y una ideología a toda la sociedad. Las que están siempre fuera de lugar son las radicales como la vicepresidenta Salgado, que se dedica a todo menos a la crisis. El problema es que las radicales parten del dogma lo personal es político, que convierte todo en política, hasta la vida en el claustro materno. Y para las radicales lo político es equivalente a estatal.
El cardenal Rouco Varela no parece tener pelos en la lengua desde que preside la Conferencia Episcopal. Su posición en esta cuestión, como en el caso de la Educación para la Ciudadanía, la despliega no sólo en el ejercicio del legítimo juicio moral que debe ejercer una comunidad religiosa como la Iglesia Católica, sino también lo hace como cabeza de una institución que pertenece legítimamente a la sociedad civil y, en consecuencia, a la esfera pública. Relegar a la religión a la conciencia es desconocer que precisamente una religión tiene naturaleza orgánica por su vocación comunitaria. Cuando Rouco defiende: “Los valores éticos fundamentales que trascienden, preceden y sustentan la misma acción política”, está defendiendo la libertad y los derechos fundamentales de todos; porque son el fundamento del orden político y de la democracia frente a una pretensión totalitaria contraria a los valores democráticos. En esta línea acierta la Conferencia Episcopal, como miembro de la sociedad civil y por tanto responsable de su papel democrático, cuando afirma que “la pretensión de calificar el aborto como un derecho es una fuente envenenada de inmoralidad e injusticia que vicia todo el texto”. Esta conclusión la saca cualquiera que examine la doctrina del TC sobre el aborto (sentencia 11- IV- 1985). En ella dijo que “el nasciturus no es titular del derecho a la vida establecido en el artículo 15 de la constitución, pero sí es un bien jurídico constitucionalmente protegido por el artículo 15, lo que implica para el Estado dos obligaciones: abstenerse de interrumpir el proceso natural de gestación, y establecer un sistema legal que proteja la vida que incluya como última garantía las normas penales”. Las mujeres pueden ser titulares de otros derechos que se consideren superiores a las obligaciones que al Estado le impone el artículo 15: “Su propia vida, su salud o su integridad moral”. Pero entre sus derechos nunca puede estar el derecho al aborto, porque sería otorgarle un derecho sobre “un tercero—nasciturus— que el Estado debe proteger incluso por normas penales”. Por eso, el aborto nunca puede ser un derecho, es siempre un crimen tipificado en el Derecho Penal, que puede ser objeto de despenalización cuando prevalecen aquellos otros derechos de las mujeres.
El problema es que mientras España se derrumba, las radicales no tienen otra cosa mejor que hacer que imponer su ideología abortista a todos, inclusive menores de 16 años; como si no tuviéramos suficiente con los 120.000 abortos anuales. Ante esta terquedad ideológica, buenas son las reflexiones del cardenal Rouco: “La historia de las ideas políticas y la historia de los hechos políticos enseñan al unísono que, cuando el Estado se propone, quiere y actúa como educador de la sociedad y la Nación, y no digamos como educador del hombre, se coloca en la peligrosa pendiente de caer en la tentación de un totalitarismo radical”.
Jesús Trillo-Figueroa es abogado.
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